En un comunicado conjunto, los cancilleres expresan su “profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el Gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición en ese país, las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático”. “Instamos a su inmediata liberación, y a la restitución de sus derechos políticos”, prosiguen los ministros de Exteriores, que recuerdan a Nicaragua “su obligación de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos”.
“Es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos de la sociedad en los procesos de elección, y se debe asegurar el pluralismo político y la libertad de expresión”, prosigue el comunicado conjunto. “El pueblo de Nicaragua merece la garantía de unas elecciones justas, libres, independientes, transparentes, creíbles, inclusivas, y con observación internacional”, concluye el texto, que fue acordado por los ministros en Costa Rica con motivo de su participación en la Cumbre España-SICA (Sistema de Integración Centroamericana). El SICA está integrado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como por República Dominicana en calidad de país asociado.
Al menos cuatro posibles contrincantes de Daniel Ortega han sido detenidos a cinco meses de que se celebren las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que el presidente buscará su cuarto mandato consecutivo. Concretamente, se trata de Cristiana Chamorro Barrios (presidenta de la Fundación Violeta y principal baza de la oposición para derrocar a Ortega), Arturo Cruz (embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009), el académico y aspirante presidencial Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro (ex viceministro de Hacienda). Aparte, otros opositores se encuentran actualmente bajo arresto.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exigido la liberación inmediata de los líderes de la oposición y el Gobierno español expresó el pasado miércoles su “profunda preocupación” por las últimas detenciones de precandidatos electorales y actores políticos de la oposición en Nicaragua y reclamó su “liberación inmediata”. El régimen ha acusado a los detenidos de “golpistas” y de intentar desestabilizar el país incitando a “la injerencia extranjera en los asuntos internos” y pidiendo “intervenciones militares” contra el Gobierno del sandinista Daniel Ortega.
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