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El pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) pidió ayer la excarcelación de los dirigentes catalanes procesados por el proceso independentista, así como la reforma del delito de sedición y la retirada de las euro-órdenes dictadas contra Carles Puigdemont y otros líderes huidos de España.

El texto, titulado ¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? y presentado por el diputado socialista letón prorruso Boriss Cilevičs, fue aprobado por 70 votos a favor, 28 en contra y doce abstenciones, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la intención del Consejo de Ministros de aprobar hoy los indultos a los líderes independentistas encarcelados.

El informe –que no es vinculante, no tiene efectos legales y no incluye ningún tipo de petición o sugerencia de actuación, y que ya había sido aprobado hace tres semanas por la comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la PACE- insta a España a “indultar o excarcelar a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas con él”. Asimismo, propone la reforma de “las disposiciones penales sobre rebelión y sedición” y la renuncia a las euro-órdenes.

Los diputados socialistas españoles Antonio Gutiérrez y Sergio Gutiérrez protestaron durante el debate precisamente por ese último motivo, mientras que Pablo Hispán (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox) rechazaron las propuestas del texto en favor de la reforma del delito de sedición. Finalmente, los diputados rechazaron prácticamente todas las enmiendas propuestas por los españoles, incluidas las del PSOE y el PP para que no se pidiera la derogación de las euro-órdenes contra Carles Puigdemont y sus exconsellers fugados en Bélgica.

La parte del texto que más ha escocido al Gobierno español es la que vincula la situación en España con la de Turquía. Pese a que el propio ponente dijo durante el debate que la situación entre los dos países no es “igual”, sí insistió en que en ambos se están produciendo “penas desproporcionadas para políticos”.

Gobierno español: “Las recomendaciones son incoherentes”

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su “reproche general” al texto de Cilevičs y afirmó que, “aunque en sus conclusiones el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad”, el Gobierno “considera incoherentes las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes”.

El informe, prosiguió, “ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de derecho en España” y varias de las recomendaciones “forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, como son la apertura del diálogo, la concesión de indultos o la revisión del delito de secesión”.

No obstante, advirtió, “persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas”. “Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator”, prosiguió. Además, la Asamblea no aprobó dos enmiendas que corrigen las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones. “Estas son recomendaciones que chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes”, advirtió.