<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Los indultos de Pedro Sánchez a los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación han logrado redoblar el desafío de los separatistas al Estado y poner un nuevo plazo para su objetivo de ruptura: los mismos dos años de legislatura efectiva que le quedan al PSOE en el poder.</strong></h4> La visita que <strong>el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés,</strong> hará mañana al Palacio de la Moncloa será el primer acto de negociación pública para que el jefe del Ejecutivo tantee su fórmula de hacer cesiones a cambio de estabilidad y lo presente a la sociedad como solución al “conflicto catalán”. A costa de poner en duda el marco constitucional e insistir en el choque con los poderes del Estado como la Justicia y arrinconar a la oposición, Sánchez y sus portavoces ya han esbozado su intención de <strong>ofrecer a los independentistas un nuevo estatuto, reforma que conlleva consulta, como alternativa a un referéndum de secesión.</strong> También es evidente la voluntad del socialista de <strong>aliviar a los líderes de ERC y a los seguidores de</strong> <strong>Carles Puigdemont</strong> de sus responsabilidades políticas y penales, tanto en los ámbitos europeos como nacionales. La presión gubernamental llega incluso <strong>al Tribunal de Cuentas para que Oriol Junqueras y compañía no tengan que devolver parte de los fondos públicos malversados</strong> en su intentona del 1-O, con multas que alcanzan los 5,5 millones de euros. No es la amnistía inconstitucional que exigen los separatistas, pero sí es la alternativa más rápida que puede ofrecer el jefe del Ejecutivo antes de cambiar el Código Penal para reducir las penas por sedición. Como en todo el proceso de tira y afloja que se inaugura, ambas partes, Sánchez desde la Moncloa y los independentistas desde la Generalitat, necesitan ir ganando tiempo y ofrecer avances en sus objetivos: estabilidad para seguir en el poder para el PSOE y avances hacia su república independiente para ERC y los herederos de la antigua Convergencia. Como explicó en público y en persona a Sánchez<strong> el portavoz de Junqueras en el Congreso, Gabriel Rufián, el indulto</strong> a su jefe sólo es el <strong>prólogo de cesiones de fondo.</strong> Los independentistas catalanes suman en el Congreso (350 escaños) un total de 21 diputados que tienen la clave para que la mayoría gubernamental, los 155 parlamentarios que suman PSOE y Podemos, puedan aprobar cualquier ley. Sin el respaldo de los partidos que gobiernan la Generalitat, y que ya llevaron al poder a Sánchez en la moción de censura contra <strong>Mariano Rajoy</strong> en junio de 2018, “no habrá legislatura”. Así lo advirtió el propio Rufián en nombre de Junqueras al presidente del Gobierno nada más ser investido. Bajo esa amenaza empiezan las negociaciones en La Moncloa con su actual inquilino dispuesto a contentar a sus socios, aunque los dirigentes autonómicos socialistas partido teman pagar en primera persona las primeras facturas electorales de esas cesiones. Después de los indultos y con los próximos favores en marcha,<strong> Sánchez se arriesga además a abrirse otro frente de conflicto con los gobiernos autonómicos</strong> (el de Madrid al frente) una vez ponga sobre la mesa su oferta de privilegios económicos y fiscales para la Generalitat de Cataluña. El diseño de un nuevo modelo de Estado autonómico, “federal asimétrico” como fijó en su día el Partido de los Socialistas Catalanes, puede alargarse los dos años que necesita Sánchez, pero la “homogeneización fiscal” que se propone el Ejecutivo de Sánchez puede tramitarse en el Congreso en un trimestre. Es la forma más rápida para contentar a los independentistas obsesionados por la competencia con la Comunidad de Madrid porque tiene unos impuestos más bajos que el resto de los gobiernos autonómicos, atrae más inversión y ofrece más prosperidad y libertad económica. <strong>Isabel Díaz Ayuso</strong> sabe que en la mesa de negociación de Sánchez y Aragonés se hablará del reparto regional de las inversiones europeas y de fiscalidad autonómica y por eso se anticipa a proclamar que Madrid no está dispuesta a pagar “la fiesta independentista”. E inaugurado el sistema de las relaciones “bilaterales” entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos, el andaluz también lo reclama. Sánchez intenta asegurarse el apoyo de sus aliados secesionistas a costa de abrirse nuevos frentes de conflicto en todos los ámbitos del Estado y chocar con el resto de los poderes.
