Eduardo González
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendió ayer a la embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, de las acusaciones de “injerencia” lanzadas por el presidente del país, Daniel Ortega, y pidió al mandatario nicaragüense que no utilice “excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos”.
“Todos los diplomáticos españoles cumplen escrupulosamente con sus obligaciones” de acuerdo con la Convención de Viena y las reglas internacionales y “siempre en un marco de respeto a los países en los que representan a España”, aseguró González Laya durante una rueda de prensa conjunta con al ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, en el Palacio de Viana, en Madrid.
“Me gustaría subrayar que no se pueden utilizar excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecuciones de líderes políticos”, prosiguió González Laya, quien hizo “un nuevo llamamiento a las autoridades de Nicaragua para que liberen a los presos políticos y permitan la plena participación en el proceso electoral” y para que garanticen “el respeto a los derechos y las libertades no solo de los políticos, sino también de la prensa, los empresarios y la sociedad civil en general”.
Daniel Ortega declaró este pasado jueves que varios embajadores europeos, entre ellos la representante de España, se han reunido en la Embajada de Estados Unidos para defender a candidatos de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. “Se venían reuniendo en la Embajada de Estados Unidos y exigiendo que eligieran un candidato, y de repente lo llevaban a la Embajada de España”, afirmó el presidente, recogido por el diario local La Prensa. Estos hechos, añadió, son “una injerencia dirigida por Estados Unidos a la cual sirven los europeos”. Hace un mes, Ortega acusó al embajador de Estados Unidos, Kevin K. Sullivan, de “vender candidatos”.
González Laya aseguró este pasado jueves durante una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes –quien invitó a España a liderar en el seno de la UE la respuesta de la comunidad internacional a la oleada de detenciones políticas en Nicaragua-, que, en “las últimas semanas”, ella misma ha iniciado “un diálogo discreto con las autoridades para que reviertan estas medidas que atentan contra los ciudadanos nicaragüenses, sus derechos, su capacidad para ser actores políticos y el propio funcionamiento básico de Nicaragua”.
