The Diplomat
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha asegurado que España volvió a “defraudar” a los refugiados en 2020, “aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo”, y ha advertido de que el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo no ofrece “soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del surde Europa” y reduce esa solidaridad a un “menú a la carta” beneficioso para los “Estados del norte de la Unión”.
Estas son las principales conclusiones del Informe Anual 2021. Las personas refugiadas en España y en Europa, que fue presentado este pasado viernes por CEAR en la sede de Casa Árabe en Madrid y que aborda las principales cuestiones en materia de migración y asilo que tuvieron lugar el pasado año, como la irrupción de la pandemia, el aumento de las llegadas a Canarias, los obstáculos en la acogida o los nuevos pactos mundiales y europeos.
Según CEAR, “España volvió a defraudar a las personas refugiadas el pasado año, aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo, muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de la Unión Europea”. “Al mismo tiempo”, prosigue la organización, España “concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela”.
El documento lamenta también el “escaso reconocimiento” que concede España a las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales, etcétera). «Es preciso avanzar en su protección y eliminar trabas para que puedan venir de forma segura personas procedentes de países en conflicto como Siria, Yemen o Palestina debido a la exigencia del visado de tránsito», destacó la directora de CEAR, Estrella Galán.
A pesar del descenso en las llegadas a través de Ceuta y Melilla, CEAR denunció que, a lo largo del año, se produjeron al menos 212 «devoluciones en caliente», una práctica que, recordó, ha sido cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y por el Tribunal Constitucional español por considerar que no cumple las garantías legales exigibles, “requisitos que, tanto en estos casos como en los más recientes en Ceuta, no se llevaron a cabo”.
El informe señala también que la pandemia ha incrementado las restricciones de movimiento, “dejando a miles de personas atrapadas en países no seguros”, por lo que “es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, petición de asilo en embajadas y representaciones consulares y facilitar la reagrupación familiar», reclamó Galán.
Respecto a la crisis humanitaria vivida en Canarias, con la llegada de más de 23.000 personas en 2020, CEAR considera necesario que se apliquen “políticas migratorias con otra mirada, planificadas y coordinadas, no solo centradas en el blindaje de fronteras, que incluyan un sistema de traslados a la península ágil, transparente y sin discriminación por nacionalidad, con un reparto solidario por todo el territorio español, evitando convertir los territorios insulares y periféricos en grandes espacios de retención, así como modificar los protocolos de atención a menores”.
El Pacto europeo sobre Migración y Asilo
El documento señala que, “un año más, la ruta migratoria del Mediterráneo volvió a resultar la más mortal del mundo, con al menos 1.417 personas fallecidas tratando de llegar a Europa, aunque debido a la pandemia y los fuertes controles fronterizos, las llegadas de migrantes se redujeron a menos de 100.000 durante el año”. Asimismo, “las solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea volvieron a descender” en 2020, “y se concentraron principalmente en Alemania, Francia y España, mientras que la tasa de reconocimiento se mantuvo estable y se aprobaron de media una de cada tres peticiones”.
Por último, CEAR advierte en su informe de que el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo supone una continuación de la política “basada en los retornos, reforzando el papel de Frontex”, e impone “la responsabilidad de la acogida al primer país de entrada, sin ofrecer soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del surde Europa (España, Italia, Grecia y Malta)”. “Al no definir un mecanismo de reparto obligatorio, el supuesto sistema de solidaridad entre países se queda convertido en un menú a la carta que permite a los Estados del norte de la Unión convertir a los países del Mediterráneo en el parapeto de las llegadas y acogidas, con una implicación voluntaria y no vinculante”, lamentó Galán. “Por tanto, es una nueva oportunidad perdida para que la UE muestre su compromiso con la protección de las personas refugiadas de una forma equilibrada y justa”, concluyó.
