Los dirigentes de la Unión Europea mostraron ayer su indignación contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, después de que éste, con la excusa falsa de que había una explosivos a bordo, ordenara a un avión de Ryanair procedente de Atenas -que sobrevolaba el país rumbo a Lituania- aterrizar en Minsk. El dictador bielorruso aprovechó el aterrizaje para detener al bloguero de la oposición, Roman Protasevich, que viajaba en el aparato.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tachó de inadmisible la maniobra y pidió que todos los pasajeros pudieran tener la posibilidad de continuar su viaje con garantías de seguridad. “Cualquier violación de las reglas internacionales sobre transporte aéreo debe tener consecuencias», avisó Von der Leyen en su cuenta de Twitter.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que lo sucedido debe ser investigado y Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE hizo responsable al Gobierno de Bielorrusia de la seguridad de todos los pasajeros y del avión» y pidió que «todos los pasajeros» pudieran continuar su viaje «inmediatamente».
La misma petición hizo desde su cuenta de Twitter la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, mientras Reino Unido advirtió de que el desvío de la nave tendrá graves consecuencias.
Las demandas de los dirigentes europeos no fueron atendidas por Lukashenko, cuya policía detuvo a Protasevich, activista que se encontraba incluido en una lista de fugitivos después de las masivas protestas callejeras del año pasado contra el fraude en las elecciones presidenciales. Cientos de periodistas han sido detenidos y casi una veintena se encuentran en prisión desde el estallido de las protestas en la antigua república soviética, motivo por el que ha sido catalogado como el lugar de Europa más peligroso para la prensa por Reporteros sin Fronteras.
Lukashenko, su hijo Viktor y otros 53 altos funcionarios bielorrusos figuran, desde el pasado otoño, en la lista de sancionados por la UE. Todos ellos tienen prohibido el ingreso a la UE y además cualquier eventual activo que posean en este territorio será congelado por las autoridades nacionales.
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