<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, volvió a eludir ayer un asunto potencialmente resbaladizo para su Departamento, en este caso la petición formal de Venezuela para la extradición del líder opositor Leopoldo López.</strong></h4> El Ministerio de Asuntos Exteriores recibió este pasado martes la petición del régimen de Nicolás Maduro para la extradición de Leopoldo López, quien fue condenado a catorce años de cárcel por incitar a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014. La solicitud había sido aprobada el pasado 11 de mayo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que aseguró en un comunicado que López debía cumplir en territorio venezolano el resto de su condena, concretamente “ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas”, por los delitos de “determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación”. <strong>“La recibimos ayer y le daremos trámite, como siempre se hace”</strong>, declaró González Laya tras una pregunta sobre este tema durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo de Hungría, Péter Szijjártó, en el Palacio de Viana<strong>. “No voy a entrar a discutir la respuesta que el Gobierno de España va a dar a una petición que acaba de llegar a nuestro país”</strong>, añadió, sin más detalles. Una vez en poder de Exteriores, la solicitud va a ser <strong>trasladada al Consejo de Ministros</strong>, que tendrá potestad para aceptarla o rechazarla. El rechazo implicaría automáticamente el final del proceso, pero en caso de aceptarse la petición de Caracas, el caso pasaría a la <strong>Audiencia Nacional</strong>. Si el máximo tribunal rechaza la extradición, el caso quedará cerrado, pero si la acepta, <strong>la decisión final corresponderá de nuevo al Gobierno</strong>. De acuerdo con el <strong>Derecho Internacional</strong> (concretamente, el Convenio Europeo de Extradición y la Convención Interamericana sobre Extradición), <strong>los Gobiernos no pueden conceder una extradición por motivos políticos ni por “delitos comunes perseguidos con una finalidad política”. </strong>Aparte, el Estado requerido podrá denegar una extradición cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado, “cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes” o “si aprecia que el proceso que dictó la sentencia condenatoria no respetó los derechos mínimos de defensa reconocidos a cualquier persona acusada”. Asimismo, tanto el Tribunal Constitucional español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han advertido de que se debe negar una extradición cuando existe “un temor racional y fundado” a que se vulneren derechos fundamentales (en forma de torturas o de penas o tratos inhumanos o degradantes) de la persona reclamada por parte del Estado requiriente. <strong>Leopoldo López llegó a España el 24 de octubre del pasado año</strong>, tras huir de Venezuela y después de haber pasado 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo en calidad de huésped mientras era reclamado por la Justicia local y acusado de terrorista por el Ejecutivo venezolano. El opositor ingresó en la residencia del embajador después de que el 30 de abril del 2019 saliera del arresto domiciliario en que se encontraba, para unirse a un conato de levantamiento militar dirigido por el también opositor Juan Guaidó. <h5><strong>La Embajada de EEUU anuncia una recompensa por el Pollo Carvajal</strong></h5> Por otra parte, la Embajada estadounidense en España emitió ayer un comunicado del Departamento de Estado en el que se ofrece una recompensa de diez millones de dólares por cualquier información que permita la detención o la condena del antiguo jefe de la inteligencia chavista <strong>Hugo Carvajal</strong>, quien se encuentra en paradero desconocido desde hace año y medio después de que la Audiencia Nacional ordenara su extradición a Estados Unidos. El antiguo general venezolano, conocido también como el <em>Pollo Carvajal</em>, está relacionado con varias causas abiertas por el Departamento de Justicia estadounidense por su papel en el narcotráfico internacional. <strong>“Mientras ocupó posiciones clave en el régimen de Maduro, este individuo violó la confianza pública al facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela”</strong>, indica la nota publicada en la web de la Embajada. “El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de la gente, y que no traicione la confianza de la gente al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes. Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente”, añadió. El pasado 24 de mayo, Carvajal publicó un mensaje en Twitter en el que denunció las “irregularidades” cometidas por la Justicia y el Gobierno de España durante el proceso de extradición. “Fui a España confiando en que su sistema de justicia hallaría la verdad sobre mi caso. Pensé que sus instituciones develarían las mentiras e incongruencias con las que la Fiscalía estadounidense me persigue. Aposté mi vida a que se protegerían mis derechos. Evidentemente, nada de esto ha ocurrido todavía”, afirmó el antiguo militar, quien huyó a España después de romper con el régimen de Maduro. Por eso, ha decidido pasar a la “clandestinidad” para evitar la “implacable persecución” y la “intromisión política” de la Justicia española.
