The Diplomat
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, intervino el pasado viernes en la reunión ministerial del Consejo de Europa, celebrada en Hamburgo en formato telemático y en el curso de la cual reafirmó el “pleno compromiso” de España con la Carta Social Europea, cuya última versión fue ratificada por nuestro país el pasado lunes.
Durante la reunión, González Laya recordó la importancia de las políticas públicas que garanticen la realización efectiva de los derechos humanos, especialmente en el momento actual, y advirtió, por ello, de que es de especial importancia reafirmar los derechos sociales y reforzar el sistema de la Carta Social europea. En ese sentido, informó de que España acaba de ratificar precisamente la Carta Social Europea Revisada, mostrando con ello “su pleno compromiso” con este documento.
Concretamente, España depositó el pasado lunes 17 de mayo, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea Revisada, una norma que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral y que permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales por la Carta. Entre los derechos que garantiza la Carta Revisada se encuentran la dignidad en el trabajo frente al acoso y la violencia en el entorno laboral, la protección de los trabajadores en caso de despido, el derecho a la igualdad de oportunidades o el acceso efectivo al empleo, a la vivienda, a la formación a la cultura y a la asistencia médica.
La Carta Social Europea fue aprobada en Turín en 1961 y ratificada por España en 1980, pero la Carta Revisada, que fue abierta a la firma en 1996 y entró en vigor el 1 de julio de 1999, aún no había sido ratificada por España –que la firmó el 23 de octubre de 2000- debido a la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española. El Consejo de Ministros dispuso en febrero de 2019 su remisión a las Cortes Generales para obtener su autorización, pero la disolución de las Cámaras en marzo de ese mismo año para la convocatoria de elecciones motivó que no se produjera la autorización solicitada. Por ello, el Gobierno se vio obligado a remitir de nuevo este texto a las Cortes Generales en noviembre de 2020.
El proceso definitivo de ratificación de esta Carta, con el que España podrá adoptar todo el sistema de la Carta Social –compuesto por la Carta Social Europea de 1961, tres Protocolos Adicionales, dos de ellos ya ratificados, y la propia Carta Social Europea Revisada-, estuvo dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social.
España firmó el pasado 4 de febrero, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que establece un sistema de Reclamaciones Colectivas y que permite denunciar a los Estados ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de sus compromisos. Desde que se abrió a la firma en 1995, sólo quince países han ratificado el Protocolo de reclamaciones colectivas, entre los que figuran Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Irlanda y Portugal. Austria, Dinamarca y España lo han firmado pero aún no lo han ratificado y Alemania, Reino Unido, Rusia o Turquía todavía no lo han firmado.
