<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Después del batacazo en las elecciones autonómicas en Madrid y la resurrección de la derecha como alternativa de Gobierno en las encuestas, a Pedro Sánchez se le abre un nuevo frente, esta vez entre sus aliados, con el pacto de los partidos independentistas para seguir al frente de la Generalitat de Cataluña.</strong></h4> Se confirma el fracaso de otra operación dirigida desde La Moncloa, la <strong>del denominado “efecto Illa”,</strong> mientras los partidos del encarcelado a medias<strong> Oriol Junqueras (ERC)</strong> y del huido de la Justicia <strong>Carles Puigdemont (JxCat)</strong> acuerdan reactivar su desafío a la unidad de España desde el Ejecutivo autonómico. Sánchez se tendrá que enfrentar desde el mes próximo justo a lo que quiso evitar con el lanzamiento de su ministro de Sanidad, <strong>Salvador Illa</strong>, a la carrera por la presidencia de la Generalitat. Sólo logró empatar a escaños con ERC y los partidos separatistas no le han tenido en cuenta para nada. Reforzados en su hegemonía y con la ayuda del grupo antisistema de la CUP, ya piden fecha (este junio) para empezar a negociar con el Gobierno un referéndum y una amnistía que saben inconstitucionales para que sus jefes condenados por el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia queden en total libertad. <strong>La composición y el proyecto de ese nuevo ejecutivo nacionalista catalán</strong>, abiertamente tutelado desde fuera por Junqueras y Puigdemont, <strong>fuerzan al presidente del Gobierno a sostener un diálogo, en principio imposible</strong> porque afecta a la soberanía nacional, y que Sánchez intentará cambiar, como siempre, por su oferta de nuevo estatuto de autonomía alternativo al proyecto de república propia de los separatistas. Los dos partidos independentistas colaboraron de forma decisiva para llevar al poder al dirigente socialista por la vía de la moción de censura contra <strong>Mariano Rajoy</strong> en 2018. ERC, junto con Bildu, se abstuvo después de las elecciones de 2019 para hacer posible la investidura de Sánchez como presidente con los votos a favor de Podemos, los nacionalistas vascos y otros partidos de ámbito regional. El primer problema para Sánchez con la puesta en marcha de la negociación con la “nueva” Generalitat es el <strong>frente de desgaste que le pueda propiciar ante la opinión pública nacional cualquier cesión</strong>. Pero en paralelo tendrá efectos sobre su exigua mayoría parlamentaria. Los 13 diputados de ERC, que suelen ir asociados a los 5 de Bildu, son decisivos para cualquier proyecto. Y lo pueden sea aún más si incorporan a los 8 parlamentarios con que cuentan los nacionalistas catalanes. El presidente del Gobierno se queda sin más apoyo fijo en una Cámara de 350 miembros que los 120 escaños del PSOE más los 35 de Podemos. El PNV (6 diputados) acaba de cobrarse su primera factura con la cesión de la competencia sobre prisiones y prefiere desmarcarse de la izquierda en las propuestas económicas. El Ejecutivo tiene un panorama parlamentario especialmente complicado para los próximos meses en los proyectos decisivos para el resto de la legislatura, que son precisamente de raíz económica: presupuestos, reforma fiscal, reforma laboral y pensiones. Sánchez, que soñaba con establecer una relación estable con ERC, incluso con compartir el poder en la Generalitat con los independentistas de izquierda, o al menos romper el bloque de partidos separatistas, se encuentra en el Congreso con unos aliados decididos a subir el precio de su apoyo. De entrada, le exigen un indulto para Junqueras y demás presos golpistas que ya estaba preparando en el plano legal pese al choque con la Justicia y en su venta a la opinión pública. Las elecciones en Madrid y las últimas encuestas indican que el coste para el presidente del Gobierno puede ser mayor del previsto en La Moncloa hace solo dos meses.
