<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron ayer un acuerdo provisional para la creación de un certificado digital UE COVID para facilitar el libre movimiento durante la pandemia. </strong></h4> “Fumata blanca: tenemos un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para un certificado COVID digital”, declaró <strong>el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders</strong>, a través de Twitter. “Doy la bienvenida al acuerdo provisional alcanzado hoy por el Parlamento Europeo y el Consejo. Hemos logrado esta nueva herramienta en un tiempo récord para salvaguardar la libertad de movimiento para todos los ciudadanos”, añadió. El texto será sometido a votación en la Comisión de Libertades el próximo 26 de mayo y pasará a continuación al pleno, que deberá confirmarlo en la sesión del 7 al 10 de junio. El Consejo también deberá respaldar el acuerdo. Según informó el Parlamento, <strong>el certificado estará disponible en formato digital y en papel y servirá para demostrar si una persona ha sido vacunada contra el coronavirus, si cuenta con un test negativo o si ha superado la enfermedad. El pasaporte entrará previsiblemente en vigor el próximo 1 de julio, se mantendrá durante doce meses y en ningún caso deberá considerarse un documento de viaje ni un requisito para la libertad de movimiento.</strong> Aparte, <strong>el Consejo no ha accedido a la petición del Parlamento Europeo para que las PCR requeridas en el certificado sean gratuitas</strong>. Para compensar esta decisión, el acuerdo establece que <strong>la Comisión Europea pondrá a disposición de los Estados miembros “al menos 100 millones de euros” para ayudar a que estas pruebas sean “asequibles y accesibles”</strong>, sobre todo para las personas que cruzan las fronteras a diario o frecuentemente para trabajar o estudiar, visitar a familiares, buscar atención médica, o atender a familiares. Esta cantidad procederá del Instrumento de Apoyo de Emergencia para la compra de test del SARS-CoV-2 y los negociadores acordaron que, si fuera necesario, se podrían movilizar más fondos por encima de los citados 100 millones, sujeto a la aprobación de las autoridades presupuestarias. El acuerdo establece también que <strong>los Estados miembros no podrán imponer restricciones adicionales en respuesta a la pandemia de COVID-19, como cuarentenas, autoaislamiento o test</strong>, “a no ser que sea necesario y proporcionado para salvaguardar la salud pública”. Para ello, se deberá tener en cuenta la evidencia científica disponible, “incluidos los datos epidemiológicos publicados por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC)”. Esas medidas deberán ser notificadas al resto de Estados miembros y la Comisión Europea 48 horas antes, como tarde. Por otra parte, los Estados miembros deberán aceptar certificados de vacunación emitidos en otros países de la UE para personas inoculadas con una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) -hasta la fecha, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen-. Dependerá de cada país decidir si también aceptan certificados de vacunación de otros Estados miembros en aplicación de la lista de emergencia de la OMS. Los certificados estarán verificados, igual que sus sellos electrónicos, para evitar el fraude y la falsificación. Los datos personales obtenidos para la expedición del certificado no podrán almacenarse en el país de destino y no habrá una base de datos centralizada en la UE. La lista de organismos que procesarán y recibirán los datos será pública, para que los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a la protección de datos, en el marco del Reglamento General de Protección de Datos.
