<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El “Acuerdo de Salvación Nacional” propuesto esta semana por Juan Guaidó al régimen de Nicolás Maduro ha generado una gran satisfacción en el Gobierno español, que considera que va en la “dirección adecuada” y se alinea con las propias propuestas de España para superar la crisis.</strong></h4> El pasado martes, el dirigente de Voluntad Popular (la formación opositora liderada por Leopoldo López desde España) declaró en un comunicado que estaría dispuesto a sentarse a negociar con Maduro siempre y cuando el régimen ofrezca <strong>“garantías democráticas” y un “cronograma” para la celebración de “elecciones libres, y justas, presidencial, parlamentaria y regionales”. </strong> Asimismo, el ex diputado -reconocido como “presidente encargado de Venezuela” por más de 50 países, incluida España, entre 2019 y 2020-, reclama que <strong>el “Acuerdo de Salvación Nacional” surja “de un proceso de negociación entre las fuerzas legítimas democráticas, el régimen y las potencias internacionales” y pide “el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo”. </strong> Fuentes del <strong>Ministerio de Asuntos Exteriores</strong> español admitieron que la propuesta de Guaidó va en “la dirección adecuada” porque “incorpora todos los elementos” planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez para superar la crisis venezolana: <strong>“una solución negociada con liderazgo venezolano y acompañamiento internacional que conduzca a la reinstitucionalización democrática mediante la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y subestatales democráticas”. </strong> La propuesta de Guaidó ha coincidido con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de solicitar a España la extradición de Leopoldo López –quien huyó clandestinamente de su país el pasado mes de octubre- para que cumpla su pena de “ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas” por los delitos de “instigación pública y asociación”. Al respecto, Juan Guaidó se mostró convencido de que el Gobierno de Sánchez no admitirá esta solicitud “ilegítima” que “de ninguna manera representa a la Justicia de nuestro país”.
