<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Parlamento Europeo ha aprobado su posición negociadora sobre el certificado sanitario propuesto por la Comisión y apoyado por varios países, entre ellos España, para facilitar el derecho a la libertad de circulación en Europa durante la pandemia.</strong></h4> <strong> </strong> La propuesta que regula el certificado para los nacionales de la UE salió adelante con 540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones, mientras que la centrada en los nacionales de terceros países recibió 540 votos favorables, 80 en contra y 70 abstenciones. La votación tuvo lugar el miércoles y los resultados se anunciaron en el pleno de ayer. <strong>Una vez dado este paso, tanto el Parlamento como el Consejo están ya preparados para iniciar las negociaciones. El objetivo es lograr un acuerdo antes del inicio de la temporada turística de verano</strong>, tal como ha pedido reiteradamente España ante las instituciones europeas. En la votación, los eurodiputados acordaron que <strong>el nuevo “Certificado UE COVID-19”</strong> -en lugar de “Certificado Verde Digital”, como proponía la Comisión Europea- estará <strong>limitado a doce meses</strong>, podrá emitirse en formato digital o en papel y acreditará al menos una de tres circunstancias posibles (sin que sean necesarias las otras dos): que la persona ha sido vacunada contra el coronavirus, que cuenta con un test negativo reciente o que ha superado la enfermedad. <strong>En “ningún caso” el certificado COVID-19 podrá utilizarse como documento de viaje ni convertirse en condición necesaria para la libre circulación</strong>, subrayan los eurodiputados, que también han pedido que <strong>los titulares de este documento no estén sujetos a restricciones de viaje adicionales, como cuarentena, autoaislamiento o test, y que los países posibiliten “test universales, accesibles, oportunos y gratuitos” a fin de evitar discriminación contra los no vacunados y por cuestiones económicas.</strong> Al respecto, <strong>la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, eludió pronunciarse ayer sobre la posible gratuidad de los PCR. “Hay una negociación en marcha relativa a los términos específicos del certificado”, explicó durante una rueda de prensa conjunta en Madrid con su homólogo de Túnez, Othman Jerandi. <strong>“Ha habido algunas sugerencias de algunos parlamentarios sobre la gratuidad de los test, y también sobre cuándo y cómo se van a imponer las cuarentenas”, pero se trata de “hipótesis de trabajo sobre las que no nos vamos a pronunciar antes de ver el resultado de esta discusión”</strong>, añadió González Laya, quien celebró que el certificado digital se encuentre “cada vez más cerca de ser aprobado en sede parlamentaria”. “Es una iniciativa que España ha impulsado desde el primer momento”, añadió. <h5><strong>Otras condiciones del Parlamento Europeo</strong></h5> El Parlamento Europeo también ha pedido que el certificado europeo sea compatible con otras iniciativas a nivel nacional, que en todo caso deberán respetar el mismo marco legislativo. Por ello, <strong>los Estados miembros deberán aceptar los certificados de vacunación emitidos en otros países de la UE para personas inoculadas con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)</strong> -ahora mismo, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen-. Corresponderá a cada Estado miembro decidir si también aceptan los certificados de vacunados de otros países europeos para vacunas incluidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia. Los certificados estarán verificados, igual que sus sellos electrónicos, para evitar el fraude y la falsificación. <strong>Los datos personales obtenidos para la expedición del certificado no podrán almacenarse en el país de destino y no habrá una base de datos centralizada en la UE</strong>. La lista de organismos que procesarán y recibirán los datos será pública, para que los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a la protección de datos, en el marco del Reglamento General de Protección de Datos. Por último, los eurodiputados han subrayado que las vacunas contra el COVID-19 deben producirse a la escala requerida, tener un precio asequible y distribuirse a escala mundial y han mostrado su <strong>preocupación por los graves casos de incumplimiento de los calendarios de producción y entrega.</strong> El pasado 17 de marzo, la Comisión Europea presentó dos propuestas de reglamento, sujetas al procedimiento legislativo ordinario, para crear un certificado verde digital y facilitar la libre circulación a cualquier persona que haya sido vacunada, que disponga de un resultado de prueba negativo o que se haya recuperado de la enfermedad. El objetivo de este triple certificado, según Bruselas, es “evitar la discriminación de las personas que no estén vacunadas” y permitir que “todos los ciudadanos, vacunados y no vacunados”, puedan “beneficiarse de un certificado digital verde cuando viajen por la UE”. Dos días más tarde, los representantes permanentes ante la UE aprobaron la creación y el mandato del Grupo <em>ad hoc</em> para acelerar, con carácter prioritario, la negociación de las propuestas de referencia. Finalmente, y tras varias reuniones del grupo de trabajo, los propios embajadores de la UE acordaron el 14 de abril una posición común para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo. La postura negociadora que llevará la Eurocámara a estas negociaciones es, precisamente, la que fue aprobada este pasado miércoles.
