<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, recibió ayer en Madrid a su homólogo de Túnez, Othman Jerandi, con quien abordó la situación de los cerca de 700 tunecinos que se encuentran atrapados desde 2019 en el Centro de Estancia Temporal de Migrantes (CETI) de Melilla bajo el riesgo de ser deportados.</strong></h4> Durante el encuentro, con el que Jerandi devolvió la visita efectuada el pasado mes de septiembre por González Laya a su país, los dos ministros abordaron, entre otros asuntos, la cooperación en la <strong>lucha contra el terrorismo</strong>, el apoyo al actual Gobierno de transición en <strong>Libia </strong>y a la celebración de elecciones en este país a finales de este año y <strong>la cooperación científica</strong> entre los dos países como “una manera de respuesta a la pandemia”, según explicó la ministra en la rueda de prensa conjunta posterior a la reunión, celebrada en la sede ministerial del Palacio de Viana. Por su parte, el ministro tunecino defendió la búsqueda de “nuevas vías de cooperación más allá de las vías clásicas” y expresó el deseo de su país de que el <strong>presidente del Gobierno, Pedro Sánchez</strong>, pueda viajar cuanto antes a Túnez para explorar la ampliación de la cooperación bilateral e “identificar los sectores que podrían beneficiarse de ella”. Uno de los temas abordados durante el encuentro fue el migratorio, muy específicamente el <strong>de los más de 700 tunecinos que se encuentran atrapados desde 2019 en el CETI de Melilla</strong>. “Debemos encontrar una solución rápida a este problema que nos preocupa”, explicó Othman Jerandi, quien, además de titular de Asuntos Exteriores, es ministro de Migración y Tunecinos en el Extranjero. Según González Laya, <strong>“algunos han pedido estatus de asilado en España, pero España no lo reconoce para Túnez, un país democrático en el que se respetan las libertades”</strong>. Por ello, <strong>“el objetivo es dar respuesta a estos migrantes irregulares en Melilla comenzando por los que han pedido regresar a su país, apoyando, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), su reinserción económica a su vuelta a Túnez”</strong>, prosiguió la ministra, quien precisó que, de momento, no hay una cifra precisa sobre los que han expresado su deseo de regresar a Túnez. No obstante, aseguró, “aumentará a medida que estos ciudadanos entiendan que no tienen posibilidad de permanecer de forma irregular en nuestro país”. Por su parte, Jerandi también informó de que los dos Gobiernos han decidido “repatriar a los que de manera voluntaria quieren volver con todas las garantías de la OIM”, a la espera de “ver cómo se integran en el tejido productivo de Túnez”, donde “podrían formar <em>startup</em>s o pymes que les permitan encontrar la felicidad en Túnez”. <strong>“Vamos a empezar por un grupo de personas que quieren volver por su mera voluntad, y cuando los otros vean que sus perspectivas son mejores, seguro que también querrán volver”</strong>, añadió. La migración tunecina hacia Europa se disparó considerablemente en 2018, en un contexto de inestabilidad política y de alto desempleo juvenil de su país. A causa del empeoramiento de las condiciones de viaje en el Mediterráneo central, el número de tunecinos llegados a Melilla pasó del 9% en 2018 al 22% en 2019 y, desde entonces, más de 700 tunecinos se encuentran retenidos en el CETI de esta ciudad autónoma. En abril de 2020, <strong>el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska</strong>, anunció durante una rueda de prensa que el Gobierno estaba negociando con Túnez una deportación masiva de las personas bloqueadas en Melilla. El titular de Interior volvió a abordar este asunto en octubre, durante una visita oficial a Túnez en la que fue recibido por su homólogo y por el primer ministro. No obstante, <strong>el Gobierno tunecino ha asegurado que no aceptará las deportaciones masivas </strong>anunciadas por España. <strong>Túnez no ha firmado ningún acuerdo de repatriación con España ni con la UE</strong>, lo cual imposibilita este tipo de deportaciones, y <strong>el Protocolo cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prohíbe expresamente las deportaciones colectivas de extranjeros</strong>.
