<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h6></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez se ha garantizado en España el control directo de los 70.000 millones que llegarán de la Unión Europea para reflotar la economía, pero empieza a ceder a las presiones de las instituciones comunitarias sobre sus principales proyectos nacionales.</strong></h4> Después de <strong>renunciar a su plan para tutelar al poder judicial</strong> desde la mayoría gubernamental, una aberración en términos europeos y constitucionales, el jefe del Ejecutivo <strong>se prepara ahora para someter a examen las principales reformas comprometidas</strong> (legislación laboral y sistema de pensiones) para poder administrar esas mismas ayudas. El fragor de las elecciones en la Comunidad de Madrid ha servido al Gobierno para disimular el calado de su <strong>fiasco en la operación para dirigir el Consejo General del Poder Judicial</strong>. El Partido Popular logró frenar el proyecto, más por la denuncia ante la UE que por su peso en el Congreso, donde la izquierda en bloque y los grupos independentistas aliados de Sánchez estaban dispuestos a forzar la Constitución y repartirse el gobierno de los jueces. El<strong> ministro de Justicia, Juan Carlos Campo</strong>, presentó como retirada de un proyecto de los grupos parlamentarios la primera gran renuncia del Ejecutivo de Sánchez en lo que va de legislatura. Es un paso que le obliga además a restablecer relaciones con el principal partido de la oposición, el PP, en los próximos días con el fin de acordar una renovación del CGPJ con un amplio consenso. Sánchez no ha querido seguir dando la nota en la UE en un momento en que <strong>la Comisión examina la disposición del Gobierno para controlar el déficit estructural de la economía española y una reforma del mercado de trabajo</strong> que sirva para combatir la tasa de paro, con un 16 por ciento la más alta de la UE junto con la de Grecia. Con cuatro millones de parados, el porcentaje de desempleo en España es más del doble de la media europea (7,5 por ciento), no incluye a los 743.000 trabajadores en el limbo de los expedientes de regulación de empleo y tiene el agravante del 40 por ciento de paro juvenil. Con esas cifras, <strong>Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Emple</strong>o, además de dirigente del Partido Comunista, ha presentado en Bruselas un plan de disimulada renuncia a la contrarreforma laboral que socialistas y podemitas prometían al llegar al poder. Es una genérica declaración de intenciones, sin más concreción que la de simplificar la variedad de los contratos vigentes, que le puede servir para pasar el primer control europeo y que mantiene en ascuas a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Los agentes sociales intentarán averiguar esta semana si el Gobierno sigue decidido a dar más poder a los sindicatos en la negociación colectiva (la prevalencia del convenio del sector sobre el de la empresa), encarecer la contratación o flexibilizar el empleo. La recesión económica ha aumentado las<strong> diferencias entre las posiciones de los sindicatos y la patronal</strong>, confiada ahora en que las presiones de Bruselas sirvan para frenar los planes originales del Gobierno de Sánchez de forzar subidas salariales y de cotizaciones. En el sistema de pensiones la reforma que plantea <strong>el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá</strong>, más tecnócrata que socialista, tiene ya más críticas internas que apoyos, aunque tampoco entre en muchos detalles. Para evitar conflictos se basa más en medidas para retrasar el ingreso de los ciudadanos en el sistema en los próximos años que en reducir la factura de una Seguridad Social que ya está en quiebra efectiva. Con los últimos presupuestos <strong>el gasto subió en un 3,2 por ciento, un ritmo que la economía española no se puede permitir</strong> después de que la deuda pública haya pasado del 95 al 120 por ciento del Producto Interior Bruto en 2020, cifra récord en la historia moderna de España. El problema del Gobierno en esta reforma es que, <strong>además de convencer a la UE de que se tomará en serio las medidas para reducir el gasto, necesita una mayoría parlamentaria</strong> que no tiene en el actual Congreso para sacar los recortes adelante.
