<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Tres de las más importantes asociaciones de jueces en España han acudido a la Comisión Europea para alertar de que las actuales reformas legislativas en el Poder Judicial suponen un “grave riesgo contra el Estado de derecho”.</strong></h4> <strong>La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles</strong>, se han dirigido mediante carta a <strong>la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders,</strong> para expresar su “inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España” y para “poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite”. “La primera reforma, ya en vigor, prevé “<strong>un apagón</strong> <strong>y desapoderamiento” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)” al privarlo de la capacidad de designar a los cargos judiciales mientras se encuentre en funciones “y hasta que sean renovados sus componentes (vocales</strong>)”, explica la carta. La segunda reforma prevista, prosigue, implica “<strong>una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras Legislativas para la designación de los vocales judiciales</strong>, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ”, añade. Esta reforma supone sustituir “la mayoría reforzada de tres quintas partes de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución”, advierte la carta. <strong>“Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción”</strong>, denuncian las tres asociaciones. Según los 2.500 jueces representados en la carta, “<strong>está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho</strong>, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea; y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea)”. Aparte, “constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”. <strong>“A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial”</strong>, añade. <h5><strong>Artículo 7 del Tratado de la UE</strong></h5> Por ello, las asociaciones firmantes piden a la Comisión que inste al Gobierno de España a ajustar sus reformas legislativas al Tratado de la UE (TUE) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, “en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada”, se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE, que permite sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea. <strong>“La Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE”</strong>, añade la carta. Por otra parte, la AJFV (una de las tres asociaciones firmantes) lamentó ayer el apoyo prestado por el PP a la carta enviada a la Comisión y recordó que “los principales partidos de gobierno y oposición en nuestro país siguen ignorando las recomendaciones y advertencias de las instituciones europeas”. <strong>“No vamos a permitir que uno de los dos grandes culpables del bloqueo y politiqueo del CGPJ encima lo utilice para disimular su responsabilidad”</strong>, agregó. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en octubre de 2020 su intención de reformar el CGPJ para designar a sus miembros sin contar con el PP, <strong>el Ejecutivo europeo ha seguido de cerca el tema y ha lanzado varios avisos, apuntando a que cualquier reforma judicial debe pactarse con los actores políticos relevantes y la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales.</strong> La comisaria Jourová, una de las destinatarias de la carta, lanzó el pasado mes de enero una advertencia al Gobierno español para que evite la politización en la reforma del Poder Judicial y respete su independencia. El otro destinatario, Reynders, pidió información al Gobierno en relación con la iniciativa para limitar los cambios a las competencias en funciones del CGPJ.
