El BOE publica el convenio fiscal con China en plena tensión por las sanciones europeas

The Diplomat El próximo 2 de mayo entrará en vigor el convenio entre España y China para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y para prevenir la elusión y evasión fiscales, que fue firmado en noviembre de 2018 con motivo de la visita de Estado del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. El actual convenio entre España y China en esta materia fue firmado en Pekín el 22 de noviembre de 1990 y entró en vigor el 20 de mayo de 1992. Con objeto de adecuar el marco tributario bilateral al presente entorno económico, delegaciones de ambos países celebraron en 2015 y 2018 dos rondas de conversaciones en Pekín encaminadas a elaborar un nuevo texto. Finalmente, y previa autorización del Consejo de Ministros del 23 de noviembre de 2018, el nuevo convenio fue firmado en Madrid el 28 de noviembre de ese mismo año, por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. El texto fue remitido a las Cortes en junio de 2020, autorizado por las dos Cámaras el pasado mes de octubre y publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de marzo. El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados, cualquiera que sea el sistema de su exacción. Por la parte española, el nuevo convenio responde en particular al interés en revisar el tratamiento de las denominadas rentas pasivas -dividendos, intereses y cánones- y de las ganancias de capital, actualizar las disposiciones relativas a la eliminación de la doble imposición y al intercambio de información e incorporar al texto cláusulas que eviten la generación de oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales. La publicación del convenio, que entrará en vigor el próximo 2 de mayo, coincide con un momento de fuerte tensión entre China y la Unión Europea después de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE recurriese el pasado 22 de marzo a su Régimen Global de Sanciones por violaciones contra los derechos humanos para actuar contra varios funcionarios chinos implicados en detenciones masivas arbitrarias de uigures en la región de Xinjiang, en China. Se trata de las primeras sanciones contra este país desde 1989, cuando la entonces Comunidad Europea prohibió la exportación de armas al gigante asiático por la masacre de Tiananmen. El Gobierno de Xi Jinping ha reaccionado duramente contra estas sanciones, que calificó de “grave interferencia en los asuntos internos de China”, con la aprobación de medidas similares contra una decena de ciudadanos europeos, incluidos cinco eurodiputados, tres diputados nacionales y dos académicos, y contra cuatro entidades. El Ministerio de Asuntos Exteriores se reunió el pasado miércoles con el embajador de China en Madrid, Wu Haitao, para trasladarle el “firme rechazo” de España a las “desproporcionadas” medidas adoptadas por Pekín. El representante de China respondió que las restricciones europeas se basan en “mentiras y desinformación sobre Xinjiang, ignoran y distorsionan los hechos e interfieren brutalmente en los asuntos internos de China”.

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