<h6><b>Eduardo González</b></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores se reunió el pasado miércoles con el embajador de China en Madrid, Wu Haitao, para trasladarle el “firme rechazo” de España a las “desproporcionadas” </strong><strong>medidas </strong><strong>adoptadas por Pekín en respuesta a las sanciones de la UE por violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang.</strong></h4> Según informaron fuentes de Exteriores, <strong>la directora general de América del Norte, Europa Oriental y Asia-Pacífico del Ministerio, Ana María Sálomon</strong>, se reunió el 2 de marzo con Wu Haitao para trasladarle el <strong>“firme rechazo a las desproporcionadas sanciones”</strong> aprobadas por Pekín. A diferencia de lo sucedido en otros países de la UE o en Reino Unido, <strong>el embajador de China no fue convocado por el Ministerio, sino que la reunión fue “concertada por las dos partes”</strong>, según precisaron fuentes de Exteriores a <em>The Diplomat</em>. Durante la reunión, la representante de Exteriores afirmó que las sanciones europeas son conformes con el Derecho Internacional y no fueron dirigidas contra China, sino contra funcionarios concretos por su implicación directa en la represión de uigures. Asimismo, advirtió de que la respuesta de Pekín es contraria al “derecho a la libertad de expresión de académicos, parlamentarios y pensadores” y podría dañar la imagen de China en España porque la opinión pública española sigue “muy de cerca la situación en Xinjiang”. Por su parte, <strong>el embajador de China</strong> afirmó durante la misma reunión que las restricciones europeas se basan en “mentiras y desinformación sobre Xinjiang, ignoran y distorsionan los hechos, e interfieren brutalmente en los asuntos internos de China”, según informó la Embajada china en Madrid. “Estas acciones son una flagrante violación del derecho internacional y de las normas básicas que rigen en las relaciones internacionales, por lo que perjudican gravemente las relaciones entre China y la UE”, aseguró el embajador, <strong>quien instó a España y a la UE a tener “conciencia de la gravedad de sus errores”, a tomar “medidas para rectificarlos”, a dejar de “dar lecciones a otros sobre derechos humanos” y a evitar “intervenir más en los asuntos internos de otros países”.</strong> El pasado lunes, <strong>el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE</strong> volvió a recurrir a su Régimen Global de Sanciones por violaciones contra los derechos humanos, creado en diciembre de 2020, para sancionar a varias personas y entidades responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en China, Corea del Norte, Libia, Rusia, Sudan del Sur y Eritrea. En el caso de China, los sancionados son funcionarios implicados en detenciones masivas arbitrarias de uigures en la región de Xinjiang, en China. Se trata de <strong>las primeras sanciones contra este país desde 1989</strong>, cuando la entonces Comunidad Europea prohibió la exportación de armas al gigante asiático por la masacre de Tiananmen. Aparte, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá respaldaron ayer la decisión de la UE y anunciaron la imposición de sus propias sanciones a dirigentes chinos. Como era de esperar, <strong>el Gobierno de Xi Jinping</strong> reaccionó duramente contra unas sanciones, que suponen una “grave interferencia en los asuntos internos de China”, y respondió con la aprobación de <strong>medidas similares contra una decena de ciudadanos europeos, incluidos cinco eurodiputados, tres diputados nacionales y dos académicos, y contra cuatro entidades</strong>, entre ellas el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la Fundación Alianza de Democracias de Dinamarca y el Instituto Mercator de Estudios de China en Alemania.
