<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de la Unión Europea debatirán hoy sobre la llamada “dimensión exterior de la política migratoria de la UE” en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y sobre las vías para convertir a la migración en un “elemento central en las relaciones bilaterales con terceros países”.</strong></h4> “Nuestra intención es mantener un debate político sobre la dimensión exterior de la política migratoria de la UE”, escriben <strong>el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro Interior de Portugal, Eduardo Cabrita </strong>(cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE), en su carta de invitación a los Gobiernos. <strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska</strong>, participarán por parte de España en este <em>Jumbo</em> (término con que se conoce en los círculos comunitarios a los consejos ampliados en los que participan al menos dos ministros de cada Estado miembro), que se celebrará mediante videoconferencia. El objetivo de este encuentro, según informó Bruselas, es debatir <strong>“sobre los aspectos exteriores de la política migratoria de la UE, en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo”</strong>, con especial atención a<strong> “la migración como elemento central en las relaciones bilaterales con terceros países clave” y a “la búsqueda de formas de mejorar la cooperación y la coordinación entre los países, instituciones y agencias de la UE”.</strong> Por ello, Borrell y Cabrita han pedido que los debates se centren en “cómo reforzar las asociaciones globales, mutuamente beneficiosas y hechas a medida con terceros países, identificando conjuntamente ámbitos concretos de trabajo para el futuro y los próximos pasos a dar sobre esa base”, y en cómo se puede “garantizar que la migración, en todos sus aspectos relevantes, se convierta en una cuestión central y constructiva de nuestras relaciones bilaterales generales con terceros países”. Asimismo, los dos convocantes han solicitado a <strong>los Estados miembros que, a partir de sus propias experiencias, aporten “ejemplos concretos del enfoque que han adoptado con respecto a los socios con los que han logrado una buena cooperación en materia de migración”.</strong> Con esta perspectiva, el propósito del Gobierno español, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, es ofrecer al resto de socios europeos su <strong>“enfoque global en política migratoria” a partir de su propia experiencia con los países del Magreb, el Sahel y África Occidental.</strong> Los dos ministros españoles son conscientes de que, durante la videoconferencia, van a chocar con las posturas de los países más reticentes con el Pacto Migratorio, que han reclamado que las ayudas a terceros países estén condicionadas a la acogida de los migrantes devueltos desde Europa. Por ello, González Laya y Grande-Marlaska van a intentar demostrar, a partir de la experiencia española en esta materia, que las condicionalidades de ese tipo “no dan resultados” y que <strong>los retornos son más efectivos cuando se crea “una relación constructiva con los países de origen y tránsito”. </strong>Según las mismas fuentes, las propuestas de condicionalidad proceden de países “sin la experiencia contrastada de España en la gestión de flujos migratorios”. El objetivo del Gobierno, según las citadas fuentes, es presentar ante sus socios europeos <strong>el modelo migratorio español surgido tras la llamada “crisis de los cayucos” de 2006, que se basa en una “política más equilibrada”, en la creación de “canales legales de migración en función del mercado laboral” y en la “cooperación con los países de origen y tránsito”. </strong>Asimismo, <strong>España, Francia e Italia van a presentar una posición común sobre la “dimensión exterior</strong>” basada en la cooperación al desarrollo, la cooperación en la mejora administrativa de los organismos migratorios, el despliegue de Frontex, la formación y la capacitación de los agentes y organismos migratorios y la posibilidad de abrir mecanismos o cauces legales para la migración.
