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La nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-24 superó ayer en el Senado el segundo y definitivo trámite parlamentario antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, en una sesión en la que volvió a quedar patente el mal ambiente creado por las injerencias del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la política exterior del Gobierno.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, presentó ayer la Estrategia de Acción Exteriores ante la Comisión de Exteriores del Senado, sólo una semana después de hacer lo propio en la misma Comisión del Congreso de los Diputados. Una vez superado el paso por las dos Cámaras del Parlamento, la Estrategia será sometida al dictamen del Consejo de Política Exterior y, posteriormente, regresará al Consejo de Ministros para su definitiva aprobación, lo cual debería ocurrir a principios de marzo.

Durante su comparecencia, González Laya volvió a recordar que la Estrategia se basa en “cuatro ejes globales” -la promoción de los derechos humanos, la apuesta por una economía integrada e inclusiva, la defensa de un planeta más sostenible y “una voluntad decidida de contribuir a la mejora de los mecanismos de gobernabilidad global”- y en “cuatro grandes principios rectores” -más Europa, mejor multilateralismo, bilateralismo estratégico  y compromiso solidario-. Asimismo, advirtió de que “la acción exterior es una política de Estado” porque la posición de España en el mundo “será tanto más fuerte cuánto más fuerte sea el consenso en nuestro país”.

Tal como era de esperar, el debate se convirtió en una fiel reproducción del que sucedió sólo siete días antes en la Cámara Baja, con una oposición conservadora que volvió a denunciar el deterioro de la imagen internacional de España, que atribuyó en buena parte a las injerencias de Pablo Iglesias en la política exterior del Gobierno, y una oposición nacionalista que aprovechó el debate para pedir la liberación de los “presos políticos” y la resolución de los “conflictos políticos” vasco y catalán.

“Es imposible que España consiga un papel más relevante en el plano internacional cuando nuestra política exterior está siendo boicoteada desde el propio Consejo de Ministros, con un vicepresidente que trabaja sin descanso para atacar nuestros intereses en la escena internacional”, y cuando “una parte del Gobierno está alentando los disturbios” en favor de rapero Pablo Hásel, denunció la portavoz del PP, Pilar Rojo. “Está en juego la defensa de nuestros valores”, añadió Rojo, quien también criticó la falta de propuesta concretas en la Estrategia “más allá de compromisos y declaraciones”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Emilio Argüeso, lamentó que en la Estrategia “escasean las acciones concretas” y falta una memoria económica, por lo que el documento “parece más una declaración de intenciones que un plan para reforzar nuestra presencia en el exterior”. Asimismo, preguntó si “el Gobierno comparte las manifestaciones de Pablo Iglesias contra el pueblo judío”. Aparte, el portavoz del Grupo Mixto y senador de Vox, José Manuel Marín, pidió que se devuelva “a España al lugar en que debe estar tanto a nivel mundial como europeo”, lo cual no se va a conseguir con una política exterior feminista porque “la política exterior no es feminista ni masculina”.

En sus respuestas, González Laya aseguró que la Estrategia sí incluye medidas concretas y que, de momento, el documento es un “contrato” cuyos resultados sólo se podrán determinar una vez que esté en marcha. Asimismo, recordó que Francia, Canadá, México o Suecia también han adoptado “una política exterior feminista”.

Por su parte, el senador de Junts y portavoz del Grupo Nacionalista, Josep Lluis Cleries, denunció que el Gobierno promueve la democracia y los Derechos Humanos en el mundo “solo de cara a la galería” mientras mantiene “presos políticos y exiliados políticos”, y Luis Jesús Uribe-Etxebarría, del PNV, afirmó que el Ejecutivo debería tener en cuenta la realidad de un “Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural” en su política exterior y resolver mediante el diálogo los “conflictos de naturaleza política” que existen en Cataluña y el País Vasco si quiere presentarse ante el mundo como un “ejemplo y modelo” de gestión de la diversidad.