The Diplomat
El Gobierno ha expresado su “profunda preocupación” por las “graves violaciones de derechos humanos” perpetradas por “ambas partes” en el conflicto armado que enfrenta desde el pasado mes de noviembre al Gobierno Federal etíope con el Gobierno Regional de la región de Tigray, en el norte.
El pasado 4 de noviembre, las tropas de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía lanzaron un ataque contra las fuerzas del Gobierno Regional de Tigrfay, en poder del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT), un antiguo aliado del régimen de Addis Abeba actualmente enfrentado al Ejecutivo de Abiy Ahmed. Este conflicto, según explicó el Gobierno español en una reciente respuesta parlamentaria al Grupo Socialista relativa a esta cuestión, “ha causado miles de muertes y el desplazamiento de unas 950.000 personas, muchas de ellas huidas a Sudán, según estimaciones de Naciones Unidas”.
“España considera alarmantes las graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario perpetradas en el marco de este conflicto, denunciadas por Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, así como por la propia Comisión de Derechos Humanos de Etiopía”, prosiguió.
Estas violaciones “incluyen masacres de cientos de civiles de las que se acusan mutuamente ambas partes, arrestos y detenciones arbitrarias, asesinatos, así como discriminación y estigmatización de la etnia Tigray en todo el país, y campañas cruzadas de incitación al odio y violencia por razones étnicas en los medios de comunicación y redes sociales”, denunció el Gobierno.
Entre los abusos cometidos figuran el asesinato de cientos de civiles de origen amhara por parte las fuerzas leales al Gobierno Regional de Tigray en la primera semana del conflicto, las “numerosas violaciones al Derecho Internacional Humanitario” cometidas por las dos partes contra la población civil, las obstrucciones a la ayuda humanitaria y los “asesinatos, secuestros y regresos forzados a Eritrea de miles de refugiados eritreos en Tigray y fuera de la región llevados a cabo por el Gobierno Federal, según las denuncias recibidas por Naciones Unidas”.
“La política exterior del Gobierno de España se basa en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global, por lo que condena sin ambages todas las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluidos la violencia y persecuciones étnicas así como todos las acciones perpetradas en el marco del conflicto en la región de Tigray susceptibles de constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y aumentar los peligros de genocidio”, declaró el Ejecutivo, que también consideró “de crucial importancia que dichas violaciones no queden impunes”.
Aparte, España acoge “con satisfacción” las medidas encaminadas a restablecer las comunicaciones en la región de Tigray, así como la implicación de la Comunidad Internacional para desactivar la crisis, incluida la Unión Europea, que el pasado mes de diciembre llegó a posponer el desembolso de casi 90 millones de euros en pagos de apoyo presupuestario a Etiopía. “El Gobierno de España junto con la UE anima a todas las partes en el conflicto a poner fin al mismo y a entablar un diálogo que aborde las cuestiones relativas a la paz y la convivencia mediante la búsqueda de consenso”, concluyó.
