Durante los años 2003-2014 América Latina vivó un cierto círculo virtuoso de crecimiento económico y de estabilidad política. Durante ese “boom de las comodities”, como se le suele llamar, las economías emergentes demandaban un consumo de materias primas que benefició considerablemente a América Latina. Este fenómeno fue uno de los elementos que inyectó una bonanza y un desarrollo de la clase media en la zona. Sin embargo, el período virtuoso, con el fantasma de la desigualdad acechando, pronto se convirtió en una nueva “década perdida”. El trienio electoral 2017-2019 destapó retos políticos, sociales y económicos que todavía afectan a la América Latina de hoy: una política frustrada, una desigualdad arraigada, y un modelo de desarrollo regresivo y malogrado.
La polarización y la fragmentación, la volatilidad, la desafección hacia la clase política en las instituciones, la profunda desigualdad y la corrupción se están convirtiendo en un marco estructural en América Latina. Una consecuencia de ello está siendo un rosario de protestas masivas y continuas, hasta el punto de volverse un epifenómeno de las, parafraseando a Manuel Alcántara, “democracias fatigadas” de la región. Una consecuencia previsible será ver ciclos políticos cortos, gobiernos volátiles sin mayoría que buscan un consenso inalcanzable y, como consecuencia, un voto de castigo que pondrá sobre el escenario a candidatos personalistas, populistas y anti-establishment.
Y, además, para colmo, la difícil gestión de la pandemia del COVID-19, que ha abierto espacio a algunos usos perversos de las medidas excepcionales; ha erosionado derechos y libertades; ha afectado a los usos y costumbre políticas; y ha llevado a prácticas clientelares para fidelizar el voto, pero a costa de arrastrar polarización y desprestigio para la política.
En esta tesitura de incertidumbres cruzadas, América Latina ha comenzado un intenso ciclo de 17 elecciones presidenciales que no finalizará hasta el 2024. Durante este mismo año tendrán lugar 5 elecciones generales (presidenciales y legislativas) en Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua y Honduras. Asimismo, se llevarán a cabo elecciones legislativas en El Salvador, México y Argentina, subnacionales en Bolivia y 6 elecciones municipales/regionales, así como la Convención Constituyente en Chile el próximo 11 de abril.
Por un lado, Ecuador celebró elecciones presidenciales el pasado 7 de febrero, mostrando una alta fragmentación y polarización reflejada en la dicotomía correísmo vs. anticorreísmo. Por otro, las dos elecciones más inmediatas serán las generales en Perú y en Chile, ambas el 11 de abril, en las que se eligen los constituyentes encargados de elaborar las nuevas Constituciones.
En Perú se consolida una constante que se aprecia en diferentes sistemas políticos y electorales de América Latina: una marcada fragmentación (una sobreoferta de 22 candidatos presidenciales), alta volatilidad, una pronunciada desafección política y una enorme falta de confianza en las instituciones, en parte por la más reciente crisis institucional (3 presidentes en 8 días) que se suma a las que llevan sucediéndose desde el año 2000.
Por su parte, Chile elegirá a los 155 miembros de una Convención Constituyente que estará encargada de redactar la nueva constitución. Este es el resultado de la demanda de un nuevo pacto social chileno a raíz de las protestas multitudinarias vinculadas al nivel de desigualdad y corrupción en el país, y que estallaron tras un incremento en la tarifa del metro de Santiago.
Con el fin de ayudar a las democracias latinoamericanas en este período complejo, la UE debe analizar esta situación e intensificar el diálogo político birregional, especialmente promoviendo la creación de un Observatorio Transatlántico para la Democracia y los Procesos Electorales, en colaboración con la OEA. Una entidad de esta naturaleza podría abordar los desafíos y problemas estructurales de la región, dedicando una atención especial a sus procesos electorales y los nuevos riesgos que estos enfrentan, allí como en todo el mundo, desde la desinformación a las interferencias foráneas. La UE deberá consecuentemente aceptar toda invitación que reciba de nuestra región hermana para sumarse a la observación electoral regional o doméstica y ayudar a prevenir las frecuentes tensiones de los momentos inmediatamente postelectorales. Porque ayudar a salir de las crisis es la mejor forma de prevenir las futuras.
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