La supresión del voto rogado figura en la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.
El voto rogado fue introducido en 2011 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV y, desde entonces, se ha traducido en un brusco descenso en la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). Por ejemplo, los niveles de participación se situaron entre el 4,73 y el 6,8 por ciento en las elecciones generales de 2011, 2015, 2016 y 2019, unos porcentajes que contrastan claramente con los datos medios de participación anteriores a la aprobación de la reforma de 2011, que oscilaron entre el 22,99% en 2000 y el 31,88% en 2008.
La proposición -presentada el pasado 4 de febrero, admitida al trámite cinco días más tarde y publicada el pasado viernes por el Boletín Oficial de la Cortes Generales– recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su última reforma de 2011, establece que los españoles que residen en el extranjero y quieran ejercer su derecho de sufragio activo en elecciones generales, autonómicas o al Parlamento Europeo en España, “deben solicitar o rogar previamente el voto, cumpliendo una serie de plazos muy breves tanto para la solicitud de la documentación electoral como para la remisión del voto por correo postal o su depósito en urna”.
Esta exigencia del voto rogado, a juicio de los proponentes, “conlleva una duplicación de los trámites administrativos necesarios para ejercer el derecho de sufragio activo”, ya que, en función de la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ”la inscripción en el censo supone reunir los requisitos para ser elector y no estar privado, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio” y, por tanto, “la inscripción en el censo electoral, sea en el de españoles residentes en España o en el de españoles residentes ausentes, se hace de oficio”. “Por consiguiente, la necesidad de que los inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes rueguen su voto supone la existencia de dos regímenes muy distintos para ejercer el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de nuestra Constitución a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal”, prosigue la proposición.
Aparte, “esta duplicación de trámites ha de realizarse en un escaso margen de tiempo, lo que, unido a la dependencia de los servicios de correos extranjeros, dificulta el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa electoral e impide el ejercicio de este derecho fundamental a un número muy elevado de ciudadanos”. Por todo ello, “la combinación del voto rogado y de los plazos previstos en la normativa electoral se ha traducido en una reducción muy significativa en los niveles de participación de los electores residentes en el extranjero”.
La Proposición de Ley pretende “responder a las demandas de la colectividad española en el exterior y suprimir el requisito de que los españoles residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto, lo que permitirá que todos reciban la documentación en su domicilio”. Esta reforma prevé también “el uso de una papeleta que podrá descargarse telemáticamente” y que “permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral” y se completa con “una ampliación de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna”. Aparte, mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente, “en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada al efecto”, e incluye una ampliación del plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, entre otras medidas. La proposición mantiene el sistema de identificación de los votantes introducido en la reforma de 2011.
La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, aprobada a finales de enero por el Consejo de Ministros y que la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, defenderá el próximo 18 de febrero ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, se compromete a promover “la reforma necesaria de la ley electoral para simplificar los requisitos de participación en todos los procesos electorales de los españoles que se encuentren en el exterior”.
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