<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, volvió a remitirse ayer a “la centralidad de Naciones Unidas” para explicar la posición política del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, una cuestión para la que España “no puede ni debe propugnar una solución concreta”.</strong></h4> <strong>“España viene defendiendo y defiende el papel central de ONU en lo que se refiere a Sáhara Occidental”</strong>, afirmó la ministra ante el pleno del Senado en respuesta a una interpelación del senador <strong>Luis Jesús Uribe-Etxebarria, del Grupo Vasco</strong>. “La MINURSO es la misión que tiene encomendada la supervisión del alto el fuego de 1991 y de los subsiguientes acuerdos militares que lo desarrollan” y <strong>“esta función de supervisión y valoración no le corresponde ni a las partes ni a terceros”</strong>, prosiguió. “En el ámbito político”, afirmó González Laya, <strong>“corresponde al secretario general de ONU (Antonio Guterres), por mandato del Consejo de Seguridad, promover una solución a la cuestión del Sáhara Occidental</strong>, en función de los parámetros que se establecen en las resoluciones que, al menos una vez al año, aprueba el Consejo de Seguridad y por las que se renueva el mandato de MINURSO”, prosiguió. “España siempre ha defendido que la solución a la cuestión del Sáhara Occidental debe ser política, y que el recurso a la vía armada no solo contraviene los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas, sino que puede traer sufrimiento y provocar una grave inestabilidad que no beneficiará ni a los habitantes de la región ni, por supuesto, a sus vecinos”, manifestó la ministra, quien recordó que el Gobierno español ha trasladado al secretario general “la necesidad de nombrar un enviado personal a la mayor brevedad posible”, algo que “es urgente” porque “este proceso político lleva interrumpido desde hace 21 meses”. Con estos parámetros, advirtió González Laya, <strong>“es tremendamente importante” que el tema saharaui “en nuestro país sea una política de Estado, que rememos todos juntos e intentemos promover la centralidad de la ONU y que entre todos apoyemos los esfuerzos del secretario general en la búsqueda de esa solución que ha de venir de las partes”</strong>. “Por eso, <strong>España no puede ni debe propugnar una solución concreta</strong>”, pues, “tal como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad, esta solución debe ser mutuamente aceptable y debe venir de un diálogo entre las partes”, advirtió González Laya. “La posición de España es firme, es constante y es una posición de Estado, y esa posición no es otra que el apoyo a una solución que ha de ser política, justa, duradera y mutuamente aceptada”, concluyó la ministra. <strong>El Sáhara Occidental es un antiguo territorio español en el que, legalmente, España sigue siendo la potencia administradora. </strong>El pasado mes de noviembre, <strong>Unidas Podemos</strong>, socio minoritario del Gobierno, emitió un comunicado en el que pedía la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental y reclamaba “la implicación firme” de las instituciones españolas en favor de “la descolonización del Sáhara Occidental y el respeto de los derechos humanos de la población saharaui”. En respuesta a este comunicado, la propia González Laya advirtió reiteradamente de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el presidente del Gobierno “son los responsables de las relaciones exteriores de nuestro país”.
