<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las frecuentes declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, respecto a la política exterior y a la calidad de la democracia en España planearon ayer sobre la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para exponer las grandes líneas de la Estrategia de Acción Exterior del Gobierno.</strong></h4> González Laya abrió su comparecencia, convocada a petición propia, con una breve exposición de veinte minutos sobre la nueva <strong>Estrategia de Acción Exterior 2021-24</strong>, aprobada el pasado 26 de enero por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes y que, tras su paso por el Parlamento -donde no será sometido a votación-, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación, previo informe del Consejo de Política Exterior. Durante su intervención, la ministra reiteró la idea de que la acción exterior debe basarse en las “fortalezas y singularidades” y en la defensa de los intereses de España, un país que <strong>“aspira a tener un papel más relevante en el plano internacional” y a asumir un protagonismo que sirva para proyectar en el exterior “los valores y principios” </strong>de libertad, paz, igualdad, solidaridad, justicia, diversidad, democracia y sostenibilidad, unos “valores y principios en los que se debe basar nuestra política exterior”. Por ello, en este “mundo cambiante” caracterizado por el “cuestionamiento del multilateralismo”, la Estrategia se basa en <strong>“cuatro ejes globales”</strong> -la promoción de los derechos humanos, la apuesta por una economía integrada e inclusiva, la defensa de un planeta más sostenible y “una voluntad decidida de contribuir a la mejora de los mecanismos de gobernabilidad global”- y en <strong>“cuatro grandes principios rectores”</strong> -más Europa, mejor multilateralismo, bilateralismo estratégico y compromiso solidario- que obligan a <strong>“alinear al máximo el empleo de nuestros medios y de nuestros instrumentos de acuerdo con las prioridades definidas”.</strong> Respecto a este último punto, precisó, “un elemento esencial recogido en la Estrategia es la articulación de <strong>un servicio exterior moderno, ágil y orientado a la ciudadanía</strong>”, incluida la aprobación de <strong>“un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática”. </strong>Asimismo, se promoverá <strong>“la digitalización de los servicios consulares y diplomáticos”</strong> para “facilitar la interacción de los ciudadanos con la administración y permitirá simplificar trámites y procedimientos” y se creará, este sentido, “una sede electrónica donde los ciudadanos podrán identificarse digitalmente y realizar trámites sin necesidad de acudir presencialmente a los consulados”, agregó. En el primer turno de réplicas, la ministra destacó <strong>“los resultados de la política exterior en 2020, unos resultados concretos para España y en los que España jugó un papel nodal”</strong>, como la Conferencia de Donantes para los refugiados venezolanos, el Fondo de Recuperación Europea (cuyo “embrión, tal como lo conocemos, fue una propuesta española recogida después por la propuesta franco-alemana y por la propuesta comunitaria”) y la aprobación en la Asamblea General de la ONU de la resolución sobre mujeres y niñas ante el COVID-19, “a instancias e impulso de nuestro país”, además del acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar, producto de “la gran labor de la familia de Exteriores de España”. <h5><strong>La sombra de Pablo Iglesias</strong></h5> Durante el debate, <strong>la portavoz del PP, María Valentina Martínez Ferro</strong>, calificó de “vergüenza” que la de ayer fuera la primera comparecencia de la ministra ante esta Comisión desde mayo de 2020, a pesar de que “los grupos la han solicitado más de 40 veces para que dé explicaciones sobre distintos temas”, y lamentó que la Estrategia es un “buen ejercicio de retórica propagandística de la factoría Redondo” que está “más basada en la Agenda 2030 y los ODS que una estrategia de España” en un momento en que la imagen exterior del país está “hipedeteriorada”. Asimismo, denunció que es muy difícil desarrollar una política exterior adecuada cuando <strong>“hay socios en el Gobierno que cuestionan el orden constitucional y el orden internacional”.</strong> Por su parte, <strong>Iván Espinosa de los Monteros, de Vox</strong>, afirmó que en las estrategias de acción exterior de países de “nuestro entorno”, como Reino Unido y Francia (que leyó en inglés y en francés), “las prioridades máximas no son el feminismo, la diversidad o la igualdad, sino defender los intereses de estos países en el mundo y promover los valores, que en el caso de España, son la hispanidad, la cultura y la lengua”. Asimismo, también denunció que <strong>“en este Gobierno hay gente que desea el mal de España, con un vicepresidente de Gobierno que, en colusión con Rusia, se dedica a desprestigiar nuestra democracia”</strong>, y recordó que los diplomáticos españoles ya han advertido del “daño” que hace Iglesias a la imagen exterior de España. La figura de Pablo Iglesias también fue mencionada por <strong>Marta Martín Llaguno, de Ciudadanos</strong>, quien afirmó que el “problema dentro del Gobierno” es la presencia de miembros que “boicotean sistemáticamente la política exterior de este país”. Por ello, pidió a la ministra que, cuando hable de “unidad de acción” en política exterior, recuerde que en su Gobierno hay <strong>“un compañero que se dedica a ir por el mundo diciendo que esto no es una democracia y se envenena a gente”.</strong> La ministra no hizo ninguna alusión a este asunto en sus réplicas a los grupos parlamentarios. Entre la oposición a la izquierda del PSOE, tanto <strong>ERC y Junts como Bildu</strong> como incluso <strong>Unidas Podemos</strong>, socio del Gobierno, hubo coincidencia en criticar la “incoherencia” entre la apuesta de la Estrategia de Acción Exterior con los derechos humanos y el reciente encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Al respecto, <strong>el portavoz de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello</strong>, afirmó que esta situación se hubiera podido evitar si se hubiera impulsado en el Congreso una propuesta “para derogar leyes incompatibles con el ejercicio de la libertad de expresión”. En respuesta a estas acusaciones, <strong>el socialista Héctor Gómez</strong> afirmó que España es un Estado social y democrático de derecho, que respeta la independencia judicial y en el que “no hay presos políticos”.
