<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>España firmó ayer, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que establece un sistema de Reclamaciones Colectivas y que permite denunciar a los Estados ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de sus compromisos.</strong></h4> Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa, la firma de este Protocolo Adicional, que abre el camino a su ratificación, <strong>“permitirá que España pueda adoptar todo el sistema de la Carta Social Europea”</strong>, compuesto por la Carta Social Europea ratificada por España, tres Protocolos Adicionales, dos de ellos ya ratificados, y la Carta Social Europea Revisada, actualmente en proceso de ratificación. La Carta Social Europea fue aprobada en Turín en 1961 y ratificada por España en 1980, pero <strong>la Carta Revisada, que fue abierta a la firma en 1996 y entró en vigor el 1 de julio de 1999, aún no ha sido ratificada por España –que la firmó el 23 de octubre de 2000- debido a la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española. </strong> El Consejo de Ministros dispuso en febrero de 2019 su remisión a las Cortes Generales para obtener su autorización, pero la disolución de las Cámaras en marzo de ese mismo año para la convocatoria de elecciones motivó que no se produjera la autorización solicitada. Por ello, <strong>el Gobierno se vio obligado a remitir de nuevo este texto a las Cortes Generales</strong> <strong>en noviembre de 2020.</strong> La Carta Revisada incorpora el derecho a la vivienda, a la dignidad en el trabajo y a la defensa de los abusos sexuales, entre otros. Aparte, y en función del Protocolo adicional sobre Reclamaciones Colectivas -que fue firmado ayer por <strong>el representante permanente de España ante el Consejo de Europa, Manuel Montobbio, junto a la secretaria general adjunta de la organización, Gabriella Battaini-Dragoni</strong>-, la Carta Revisada incluye la posibilidad de denunciar a España o a cualquier otro Estado ante el Consejo de Europa por incumplimiento de las garantías sociales reconocidas en la Carta. Concretamente, el Tercer Protocolo Adicional permite las reclamaciones colectivas e introduce un procedimiento que permite a las organizaciones sindicales, empresariales y sociales presentar reclamaciones al Comité Europeo de Derechos Sociales, garantizando la protección jurídica de los derechos sociales y laborales. “La adopción de todo el sistema permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación efectiva de los derechos sociales garantizados por la Carta Social Europea, que amplía la protección a los derechos fundamentales en el ámbito laboral”, aseguró el Ministerio. <strong>“Con esta firma, España además continúa desarrollando el marco convencional del Consejo de Europa, de acuerdo con el compromiso con esta organización de referencia en materia de derechos humanos en nuestro continente”</strong>, concluyó. Desde que se abrió a la firma en 1995, sólo quince países han ratificado el Protocolo de reclamaciones colectivas, entre los que figuran Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Irlanda y Portugal. <strong>Austria, Dinamarca y, desde ayer, España han firmado el protocolo adicional pero aún no lo han ratificado</strong> y Alemania, Reino Unido, Rusia o Turquía todavía no lo han firmado. El Consejo de Ministros autorizó su firma el pasado mes de diciembre, pocos días después de que el PP votase en la Comisión de Exteriores del Congreso en contra de la ratificación de la Carta Social Revisada por considerar que no quedaba claro si incluía el tercer Protocolo Adicional, el cual, a su juicio, podría ir “en contra de la seguridad jurídica”.
