The Diplomat in Spain

Albert Guivernau Molina

Profesor de Economía y miembro de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea de la Universitat Abat Oliba CEU

Es frecuente oír hablar de los fondos del Plan Next Generation EU como uno de los principales motores de la reactivación económica de la UE tras la pandemia, especialmente en España. Se trata de unos fondos extraordinarios fruto de un acuerdo histórico que ha propiciado ampliar el presupuesto de la Comisión hasta valores cercanos al 2% del PIB europeo y, por primera vez, emitir deuda común. Pero ¿nos van a permitir salir de la crisis económica derivada de la Covid-19? La respuesta es no, o como mínimo no del todo.

La responsabilidad de reactivar la economía es de los propios estados, que son los que disponen de los instrumentos de política fiscal –impuestos, gasto público y transferencias- para incidir en la actividad económica, cuya medida más estandarizada es la tasa de crecimiento del PIB. Lo recuerda tanto la Comisión, cada vez que se le brinda la oportunidad, como el BCE, que insiste a los estados en que gasten todo lo necesario, que Frankfurt siempre estará ahí para ayudarles a financiarse con una política monetaria expansiva cuya duración parece no tener fin. El éxito o no en la recuperación tras la crisis de cada estado dependerá casi en exclusiva de su política económica y su estructura productiva, no de los fondos Next Generation EU, que por otro lado tardaremos en recibir.

El Plan Next Generation EU no busca una recuperación de la economía para situarla en los valores previos a la pandemia, sino la transformación de esas economías. Los principales ejes de actuación serán la investigación y el desarrollo, la transformación digital, la lucha contra el cambio climático o la modernización de políticas tradicionales. Este enfoque dista mucho del Plan E con el que se trató de afrontar en España la crisis financiera de 2008, cuando el único objetivo era gastar, sin importar mucho en qué. Con el Plan propuesto por la Comisión se obliga a los estados a presentar proyectos concretos de transformación económica –ya no valen grandes infraestructuras, polideportivos o carreteras-, y aquí nuestro país deja mucho que desear, más después de haberse conocido que durante los últimos 10 años únicamente se ha aprovechado, por falta de proyectos, poco más del 30% de fondos estructurales a los que se tenía derecho.

Mientras que las previsiones de la primera llegada de los fondos Next Generation EU –un 10% de los 140.000 millones potencialmente disponibles para España- está prevista para este verano, más de un año después del acuerdo para la creación del Plan, el BCE está actuando de forma ágil y contundente para facilitar liquidez a los estados. En la última reunión del consejo de gobierno del BCE se amplió en 500.000 millones de euros más su programa de compra de activos, alcanzando los 1,85 billones de euros, con un compromiso de mantener los estímulos el tiempo que fuera necesario. Esta política monetaria está permitiendo que los estados se financien a tipos muy bajos (incluso negativos), beneficiando a países que de lo contrario serían penalizados por los mercados, como España, Italia o Francia. El lado oscuro de este programa de compras es el aumento del balance del BCE hasta los 7 billones de euros, el 62% del PIB de la eurozona, así como la generación de incentivos perversos a la hora de endeudarse.

En el caso de España el problema no es la capacidad para endeudarse, que es buena, sino para qué se endeuda. La ratio deuda pública sobre PIB, la más utilizada a la hora de comparar, arroja un valor cuantitativo, mientras el diferencial entre las previsiones de recuperación económica de los diferentes países de la UE se debe a elementos cualitativos. No importa tanto endeudarse sino para qué: si la deuda es para modernizar la economía, generar más y mejores puestos de trabajo o impulsar la transformación de la estructura productiva, se podría considerar una inversión. Mientras que si la deuda se utiliza para pagar sueldos públicos, ERTEs o subsidios, este endeudamiento se enquistaría. Las dos opciones implican un igual desembolso de fondos públicos, pero no son lo mismo.

En resumen, los fondos Next Generation EU pueden ayudar, aunque lleguen tarde, pero no serán “el motor” de la reactivación económica, como se pretende hacer ver desde muchas instituciones. El BCE está ayudando a contener el impacto económico de forma rápida y ágil, como la situación lo requiere, convirtiéndose en verdadero héroe de esta recesión. En el caso de España, como en el resto de estados miembros, la capacidad de salir de la crisis dependerá de su política económica, no tanto del papel de los fondos europeos, que por su lado buscan una transformación de la economía, no volver a reconstruir lo que había antes. Esta crisis puede que sea la última que afronte la eurozona sin avanzar en su integración fiscal. Una vez más, veremos a EEUU, con una política fiscal y monetaria coordinada, salir antes de la crisis que el conjunto de la eurozona.

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