<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados convalidó ayer por unanimidad, con el respaldo crítico de la oposición, el Real Decreto Ley que establece las medidas para la “adaptación” del ordenamiento jurídico español a la nueva situación generada por la retirada definitiva de Reino Unido de la Unión Europea.</strong></h4> El <a href="https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_038_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Real Decreto Ley</strong></a>, que fue <a href="https://thediplomatinspain.com/2020/12/el-consejo-de-ministros-aprueba-las-medidas-de-adaptacion-tras-la-conclusion-del-brexit/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>aprobado el pasado 29 de diciembre por el Consejo de Ministros</strong></a>, regula, de forma temporal y de acuerdo con el principio de reciprocidad, aspectos como el ejercicio profesional, la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, la prestación sanitaria, los estudios universitarios, el reconocimiento de documentos y titulaciones, las actividades financieras, comerciales y empresariales, las contrataciones públicas o los servicios aeroportuarios. Se trata de <strong>“unas medidas de adaptación imprescindibles para facilitar la transición y contrarrestar los efectos indeseados”</strong> del <em>Brexit</em>, explicó ayer la <strong>ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara Baja. La mayoría de las medidas de este decreto, añadió, <strong>“son temporales y están sujetas al principio de reciprocidad”</strong> y permitirán que Reino Unido siga siendo “un socio relevante y con el que tendremos relaciones estrechas”. La salida del Reino Unido de la UE “no es la situación ideal que hubiéramos deseado”, pero una vez hecha realidad, es necesario afrontarla <strong>“con el mayor grado de seguridad jurídica para nuestros ciudadanos”</strong>, prosiguió la jefa de la diplomacia, quien pidió a los grupos parlamentarios que den su aprobación al Real Decreto Ley teniendo en cuenta “la situación excepcional” generada por el <em>Brexit</em>. Durante el debate posterior, los grupos parlamentarios situados a la derecha del Gobierno <strong>votaron a favor del Real Decreto “por responsabilidad” y como “mal menor”</strong>, pero no sin lanzar fuertes críticas al Ejecutivo por la forma en que ha gestionado este asunto y por no haber sabido aprovechar esta “oportunidad” para avanzar hacia la soberanía española en Gibraltar. Este fue el caso de <strong>la portavoz del PP ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Valentina Martínez Ferro</strong>, quien anunció su foto favorable al Real Decreto por la “urgencia” del momento y porque se trata de “un trámite que nos dota de un marco legislativo temporal en tanto no se ratifican los acuerdos de la relación futura”. No obstante, calificó de <strong>“fracaso” la negociación bilateral directa con Reino Unido, que hubiera podido ser una “negociación histórica” en lo que respecta al futuro Gibraltar </strong>y que al final se quedó en “una simple nota al margen de un acuerdo que solo beneficia a quien se lo trabaja”. Por su parte, <strong>el portavoz de Vox, José María Sánchez García</strong>, también acusó al Ejecutivo de no haber sabido aprovechar esta oportunidad para <strong>“negociar con más firmeza y exigir un acuerdo sobre Gibraltar pactado bilateralmente”</strong>, razón por la cual todo ha quedado en un principio de acuerdo que “sólo favorece los intereses” de Reino Unido y del Gobierno gibraltareño, algo “inadmisible” para España. Asimismo, <strong>la portavoz de Ciudadanos ante la Comisión de Exteriores, Marta Martín</strong>, admitió que el Real Decreto es <strong>“un mal menor que se tuvo que hacer”,</strong> pero advirtió de que aún quedan “cuestiones por discutir” respecto a Gibraltar, que requieren más “transparencia” y más consenso con todas las fuerzas políticas, porque el tema del <em>Brexit </em>es “una cuestión de Estado”. Asimismo, lamentó que no se haya “previsto un plan B” para el caso de que Reino Unido no cumpla con el principio de reciprocidad.
