<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores ha detectado en los últimos veinte años “hechos irregulares” en el proceso de concesión de visados en las Embajadas y Consulados Generales de España en al menos ocho países, pero “en estos momentos no hay ningún caso”.</strong></h4> <strong> </strong> <strong>“En los últimos 20 años, se han detectado hechos irregulares en el proceso de concesión de visados por el personal de Embajadas y Consulados Generales en Bolivia, República Democrática del Congo, Egipto, Irak, Marruecos, Namibia, Rusia y Ucrania”</strong>, aseguró el Gobierno a finales de diciembre en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado Jon Iñarritu, del Grupo Euskal Herria Bildu. “No es posible facilitar el número exacto de visados afectados debido a que las normas sobre archivo permiten destruir los expedientes en papel al cabo de dos años, dado el ingente volumen de expedientes que se tramitan al año”, prosiguió. <strong>“En estos momentos no hay ningún caso”</strong>, añadió. Según el Gobierno, <strong>“las irregularidades pueden ser de muchos tipos: pago para obtener visados obviando trámites y requisitos legales, o aportando documentación falsa que posteriormente se hace desaparecer, manipulación de datos biométricos, etcétera”</strong>. “Los casos se resolvieron por vía judicial o administrativa en función de la gravedad del mismo”, precisó. “El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, otorga la máxima prioridad a la legalidad y corrección de los procesos administrativos incluida especialmente la gestión de los visados”, aseguró el Ejecutivo. Por ello, “cuando se producen denuncias o se constatan hechos irregulares se abre una inmediata investigación interna por parte de la Inspección General de Servicios” y, en caso de apreciarse indicios de actuaciones ilícitas, “se abre formalmente el correspondiente expediente disciplinario y, en su caso, se pone la información a disposición de la autoridad judicial”. Los casos más graves y numerosos de irregularidades en la concesión de visados se han registrado en las representaciones de España en <strong>Marruecos</strong> desde 1992, cuando se impuso este requisito para entrar en España. En este tiempo, han aparecido y se han desarticulado tramas de compra de visados ilegales en los <strong>Consulados españoles de Rabat (2016 y 2018), Tetuán (2003), Tánger (1996 y 2010) y Casablanca (2007)</strong>, según recoge el medio especializado LegalTeam. Por citar algunos casos recientes, el <strong>Consulado de España en Rabat</strong> abrió en septiembre de 2016 una investigación interna tras detectar “irregularidades” en la concesión de visados a ciudadanos marroquíes que habían obtenido permiso para viajar a España sin demostrar que cumplían los requisitos exigidos por la normativa europea Schengen. Ese mismo año, el Consulado General en Rabat descubrió que había emitido 28 visados fraudulentos, que anuló de manera inmediata cuando fue consciente de que los expedientes presentados en la tramitación de la visa presentaban "anomalías", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2018, la Policía marroquí desarticuló una banda formada por trece miembros y cuatro funcionarios locales en el mismo Consulado y por esas mismas fechas, la entonces subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Beatriz Larrotcha, admitió en el Congreso la gravedad de las irregularidades en la concesión de visados falsos en Rabat. Uno de los casos más sonados se produjo en la <strong>República Democrática del Congo</strong>. En abril de 2016, las autoridades congoleñas expulsaron a una funcionaria de la Embajada de España por su supuesta implicación en una trama dedicada a robar visados en blanco para venderlos en ese país y en el vecino Congo Brazaville. En mayo de ese mismo año, la Audiencia Nacional condenó por ese motivo a nueve años de inhabilitación al antiguo embajador Antonio Fernández de Mazarambroz, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado determinaron posteriormente que el diplomático no había cobrado dinero por la concesión de visados y el Tribunal Supremo lo absolvió y revocó la condena en 2017. Otro caso relevante, que acabó sin consecuencias, se produjo en septiembre de 2014, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, abrió una investigación sobre un aparente “mercado de visados” en la Embajada española en <strong>Irak</strong>, a cuyo frente se encontraba José María Ferré de la Peña. Finalmente, la investigación concluyó que no había habido “ninguna anomalía”, por lo que el caso quedó definitivamente cerrado.
