<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español está dispuesto a evitar, a toda costa, un nuevo cierre de las fronteras internas de la UE y del Espacio Schengen similar al de la primera ola del COVID-19 porque no sólo causaría importantes daños al mercado único, sino que incluso perjudicaría a la propia lucha contra la pandemia en los Estados miembros.</strong></h4> La aparición de <strong>las variantes africana y sudafricana del COVID-19</strong> ha llevado a algunos países de la UE a plantearse la posibilidad de cerrar unilateralmente sus fronteras con el resto de los Estados miembros. Ante esta situación, <strong>los líderes europeos reunidos en el Consejo Europeo del pasado jueves (entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) llegaron a un acuerdo para mantener abiertas las fronteras internas y para imponer restricciones “no esenciales” a las llamadas “zonas rojas oscuras”, en referencia a las regiones más afectadas por las nuevas cepas.</strong> Según indicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la presencia de las nuevas cepas todavía “no son significativas” en Europa y el objetivo de la creación de estas “estas zonas rojas oscuras” es establecer <strong>un “sistema de alerta y respuesta” que evite “cierres generalizados” y recurra, sobre todo, a “medidas más quirúrgicas” en las regiones afectadas.</strong> De acuerdo con estas mismas fuentes, para España es “muy importante” evitar cierres fronterizos dentro de la UE y del Espacio Schengen y que se garantice la seguridad en los desplazamientos con medidas que ya han demostrado su eficacia, como <strong>los PCR en origen en los territorios de alto riesgo</strong> (que ya aplica España desde hace unos meses y que empezará a aplicar mañana mismo Francia, y que ofrecen una “suficiente garantía de seguridad para los viajes y para impedir la importación de la enfermedad”) o, en última instancia y como medida excepcional, <strong>las cuarentenas en llegada</strong>. Otra medida a medio plazo, y cuando las condiciones técnicas lo permitan, <strong>sería el certificado de vacunación</strong>, propuesto por Grecia y que ha apoyado España en los foros internacionales. Aparte, en la actualidad ya se aplican cierres perimetrales regionales dentro de algunos países, como España, para reducir la movilidad desde las zonas de mayor riesgo e impedir la propagación del COVID-19. El objetivo más importante, según las citadas fuentes, es <strong>evitar que se vuelva al “escenario negativo de marzo o abril”,</strong> porque no sólo afectaría a la integridad del mercado único en factores tan importantes como la libre circulación de personas y mercancías, sino que incluso podría perjudicar a la propia lucha contra la pandemia, ya que dificultaría el movimiento de material y personal sanitario. <strong>Los Estados miembros tienen competencia y derecho a gestionar sus propias fronteras, pero “no sería lo deseable”</strong> porque generaría “descoordinación y falta de armonización” en la lucha contra la pandemia y en las medidas de movilidad y causaría graves problemas económicos y sociales a la UE, advirtieron.
