<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las comunidades autónomas recibirán el 58% de los 12.277 millones de euros que llegarán este año a España procedentes del Fondo europeo de Recuperación, pero ello les obligará a gestionar este dinero de forma “responsable” porque, en caso contrario, se pondrá “en peligro” el desembolso de las siguientes partidas del plan <em>Next Generation EU</em> para el conjunto del país.</strong></h4> Ésta es una de las principales conclusiones del seminario virtual <em>La gestión de los fondos europeos y las CCAA</em>, organizado el pasado miércoles por <strong>la Fundación Alternativas y la Asociación por una España Federal </strong>para analizar la implicación en España de los 140.000 millones del fondo <em>Next Generation EU</em> y que fue presentado por <strong>Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas</strong>, y moderado por <strong>Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación por una España Federal y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas</strong>. Durante el encuentro, <strong>el secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha</strong>, destacó que el Plan de Recuperación no surgió “por accidente ni por casualidad”, sino que fue el resultado “cinco días de negociaciones muy arduas donde se lograron los recursos suficientes para España” y en las que se consiguió que los fondos “no vinieran en forma de préstamos sino en forma de transferencias, dando además un paso adelante en la unión fiscal y federalización de Europa con la emisión de deuda común, y la transferencia de toda esta deuda a los Estados, que son los que responden solidariamente de la devolución del dinero”. Asimismo, prosiguió, la concesión de las ayudas está condicionada a la aprobación de unos planes nacionales que “tienen que ser aprobados” por la UE y que “deben incluir inversiones y reformas” orientadas, sobre todo, a la sostenibilidad climática y la digitalización. Por ese motivo, recordó, el Gobierno presentó el pasado 7 de octubre el borrador de un <strong>plan de “recuperación, transformación y resiliencia” basado en “los criterios de la Comisión” y titulado <em>España puede</em></strong>. El plan empezó a aplicarse el pasado 1 de enero, pese a no contar todavía con la aprobación definitiva de la UE, y se prolongará hasta 2026. “El Gobierno ha decidido que, por el momento, va a utilizar los 72.000 millones de las transferencias de aquí a 2023, y después solicitará los préstamos hasta 2026”, precisó. A fin de “garantizar el control, la transparencia y rendición de cuentas” de los fondos, prosiguió De la Rocha, el Gobierno ha puesto en marcha <strong>un mecanismo de gobernanza dependiente del Ministerio de Hacienda y ha creado una Secretaría General para su “ejecución”</strong> (De la Rocha fue elevado de director general a secretario de Estado de Asuntos Económicos y G20 de Moncloa el pasado 29 de diciembre) y <strong>una Comisión interministerial para su “seguimiento político” presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez</strong>. Por otra parte, prosiguió el secretario de Estado, el fondo representa una <strong>“enorme oportunidad para avanzar hacia la cogobernanza y la corresponsabilidad entre comunidades autónomas y Gobierno”</strong>, ya que la ejecución de este dinero en los ámbitos de competencia autonómica corresponderá a los ejecutivos regionales a través de “las transferencias desde el Estado”. “No puede ser de otra manera, el Estado no puede invadir competencias”, precisó. “Ahora bien”, advirtió, “los fondos europeos responden a un plan nacional y el dinero se desembolsará dos veces al año en función del cumplimiento de los objetivos” marcados por las instituciones europeas. Por tanto, “es verdad que hay fondos que se distribuirán a las comunidades autónomas, pero <strong>si una comunidad autónoma se retrasa, no gasta todo el dinero o usa mal los fondos, pondrá en peligro los siguientes desembolsos</strong>”, prosiguió. Por ello, el fondo <strong>“crea un elemento de lealtad y corresponsabilidad, porque quien no cumpla con los objetivos pondrá en riesgo unos fondos que son para todos”.</strong>
