Eduardo González
Las últimas advertencias de las autoridades estadounidenses por la aplicación en España del impuesto a los servicios digitales, popularmente conocido como la Tasa Google, no van a echar atrás al Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue dispuesto a salir adelante con su idea al margen de quién ocupe la Casa Blanca.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) calificó ayer de “discriminatorio” el impuesto aprobado en España -que entra hoy en vigor- porque establece un umbral de ingresos y una selección de servicios que considera perjudiciales para las empresas estadounidenses. Concretamente, la tasa fija un umbral de ingresos de 750 millones de euros que afectará a 60 empresas, de las cuales más de la mitad, 34, son estadounidense y únicamente dos son españolas. Según este organismo, si se aplicara un umbral de 50 millones de euros, la tasa afectaría a 249 empresas, entre las que figurarían 20 compañías españolas y 80 norteamericanas.
Por tanto, este impuesto “discrimina a las empresas estadounidenses, es incompatible con los principios vigentes de tributación internacional y restringe el comercio estadounidense”, denunció la USTR, que advirtió de que “seguirá evaluando todas las opciones disponibles” para actuar en este caso, lo que podría traducirse en la imposición de ciertos aranceles a los productos españoles.
Al respecto de estas acusaciones de la USTR, fuentes diplomáticas españolas aseguraron ayer que el impuesto no debería conocerse como “Tasa Google” porque no va dirigido a empresas concretas de ningún país específico, sino que tiene como único objetivo gravar un tipo de actividad económica que se ha convertido en “central” en la actual economía internacional y cuya importancia incluso ha aumentado en los últimos tiempos con la pandemia del COVID-19.
Aparte, prosiguieron, la capacidad de decidir cuáles son las actividades que se gravan forma parte de la soberanía fiscal de los Estados y, por ello, España ha optado, al igual que otros países (Austria y Reino Unido también fueron apercibidos ayer por la USTR por motivos similares), por implementar de manera unilateral este régimen fiscal a la espera de que se dirima este asunto a nivel internacional, ya sea en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o del G20.
Respecto a la influencia que puede tener en este asunto el próximo relevo en la Casa Blanca (el demócrata Joe Biden asumirá este miércoles la Presidencia de Estados Unidos en sustitución del republicano Donald Trump, quien se ha mostrado muy beligerante en este asunto), las mismas fuentes precisaron que España desea ser “muy transparente” con la contraparte estadounidense en lo que se refiere a esta tasa “con independencia” de quién gobierne en Washington.
