<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de España hizo ayer un llamamiento a las autoridades israelíes para que reviertan la decisión de levantar 800 nuevas viviendas en Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit y Givat Ze'ev, Tal Menashe, Nofei Nehemia y otros asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania. </strong></h4> <strong>“Los asentamientos en los territorios ocupados por Israel desde 1967 constituyen una violación del Derecho Internacional y ponen en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados para lograr una paz justa y duradera en el conflicto israelo-palestino”</strong>, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. <strong>“La decisión anunciada perjudica la generación de confianza entre las partes, necesaria para que pueda retomar las negociaciones de paz”</strong>, añadió. España siempre ha condenado la política de construcción de asentamientos y anexión de zonas de Cisjordania llevada a cabo por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, tanto durante la actual etapa de Pedro Sánchez (PSOE, en coalición con Unidas Podemos) como durante la anterior de Mariano Rajoy (PP). Concretamente, <strong>el Gobierno español condenó hasta en 35 ocasiones la política de asentamientos y de confiscaciones de tierras palestinas por parte de Israel bajo la presidencia de Rajoy (diciembre de 2011 a junio de 2018) y lo ha hecho en una decena de ocasiones desde que gobierna Pedro Sánchez. </strong> El pasado mes de octubre, <strong>el Gobierno español incluso firmó una declaración conjunta con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido en contra de la decisión del Ejecutivo de Israel de construir más de 4.900 viviendas en la Cisjordania ocupada</strong>, por considerar que violaba el derecho internacional y ponía “todavía más en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados para lograr una paz justa y duradera en el conflicto israelo-palestino”. Asimismo, los países firmantes advirtieron de que esta decisión representaba “una medida contraproducente” a la luz de los “positivos acontecimientos” relacionados con los acuerdos de normalización entre Israel y varios países musulmanes, concretamente Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. El acuerdo con Emiratos incluía, de hecho, el compromiso de Israel de suspender la anexión de partes de Cisjordania. <strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, efectuó el pasado 9 de diciembre una visita oficial a Israel en la que pidió a las autoridades de este país que aprovechasen la celebración del 30 aniversario de la conferencia de Madrid y la actual lucha contra la pandemia del COVID-19 para “crear confianza entre israelíes y palestinos” e impulsar la reanudación de unas negociaciones de paz estancadas desde 2014. Al día siguiente, González Laya abordó en Ramala con su homólogo palestino, Riyad al Maliki, “las violaciones y las medidas unilaterales cometidas por Israel sobre el terreno, incluido el plan para anexionar tierras y asentamientos palestinos, que impide que se materialice la solución de dos Estados”, según declaró el propio ministro palestino.
