The Diplomat
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo cree que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a la soberanía de Gibraltar con el principio de acuerdo alcanzado con Reino Unido el 31 de diciembre y con ello sentado un precedente, al aceptar una colonia en territorio español, que afecta a la soberanía nacional y podría ser extensible a Cataluña.
En una entrevista con Europa Press, el ahora eurodiputado popular lamenta el secretismo con el que el Gobierno ha llevado a cabo esta negociación y considera que de lo desvelado por ahora por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se deduce que España ha entregado «las bazas e incentivos que tenía para negociar» sobre Gibraltar.
En su opinión, España no ha conseguido nada con este principio de acuerdo -que en debe desembocar en un acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar- más allá del «alivio» del Campo de Gibraltar, cuya población «veía con angustia» la posibilidad de un Brexit duro el 31 de diciembre por el impacto que esto tendría en la economía de la zona.
Mientras, tanto el primer ministro británico, Boris Johnson, como el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, «están dando palmas con las orejas». En el caso de Londres, porque ha conseguido «mantener su dominio sobre el territorio y mantener la base» y en el caso del Peñón porque seguirán siendo británicos pero «vivirán en la UE como si Reino Unido no hubiera salido».
«Esto supone renunciar a la soberanía para siempre y permitir la existencia de un paraíso fiscal en las puertas de casa y condenar al Campo de Gibraltar a tener una situación mucho peor» que la del Peñón, subraya, ya que parece lógico pensar que las empresas preferirán instalarse en Gibraltar si no tienen que pagar impuestos y no del otro lado de la actual Verja.
Según García-Margallo, esto fue precisamente lo que desde la UE se intentó evitar con el Brexit, que «Reino Unido que no se convirtiese en un Singapur» en el que las empresas pagaran menos impuestos, tuvieran condiciones laborales menos estrictas y menos obligaciones medioambientales y por tanto se generara una «situación de desigualdad» con las empresas instaladas en la UE. En este sentido, duda que «la UE vaya a permitir eso».
Lo «progre» frente a lo «viejuno»
Por otra parte, afea a González Laya que diga que el Gobierno no ha renunciado a sus reivindicaciones sobre la soberanía de Gibraltar pero «se ha pasado del siglo XIX al siglo XXI». «Que yo sepa Felipe González, Gregorio Peces Barba, Felipe Morán… todos los que han reclamado la soberanía de Gibraltar no estaban en el siglo XIX», ha subrayado.
Así, se pregunta si en el siglo XXI «lo ‘progre’ es tener una colonia y un paraíso fiscal en tu territorio», advirtiendo de que «eso sienta un precedente». «La soberanía, según ellos, es un concepto ‘viejuno’, franquista… ¿en Cataluña vamos a hacer lo mismo? ¿Áreas de prosperidad compartida?», plantea García-Margallo.
Cuando se habla de «gestión compartida» en el caso de Gibraltar, «¿también lo vamos a aplicar a Cataluña?», pregunta, cuestionando también «cuál es su concepto de la integridad territorial» y si esta le importa al Gobierno. Con esto, previene, «estamos tocando el tema de la soberanía nacional y, renunciar a eso, es renunciar a 300 años de reclamación permanente».
El que fuera ministro de Exteriores, que próximamente publicará un libro sobre Gibraltar junto con el antiguo secretario de Estado para la UE Fernando Eguidazu, resalta, además, que cuando se produzca la eventual entrada de Gibraltar en Schengen -una vez alcanzado el acuerdo entre Londres y la UE- supondría dar estatus de Estado a uno de 17 territorios que, según la ONU, siguen por descolonizar, ya que solo los estados forman parte del acuerdo sin fronteras.
Además, incide en que será la agencia europea de fronteras Frontex, y no España, la que realice los controles en el puerto y el aeropuerto. Con ello, «España sería el único país de los 193 que están en Naciones Unidas que no controla sus fronteras».
Por otra parte, al establecer el control en el puerto y en el aeropuerto entrará en el territorio de Gibraltar, «probablemente sin arancel» pero lo que «es seguro sin pagar el IVA, el impuesto sobre el tabaco, sobre el alcohol y sobre el petróleo», indica, recordando que uno de los «motores de la economía gibraltareña es precisamente el contrabando de tabaco». La supresión de controles en un futuro, previene, no impediría que ese tabaco que entra en Gibraltar «entre a sacos en España».
Oportunidad perdida
Para el eurodiputado del PP, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía el Brexit respecto a Gibraltar. Dado que los habitantes del Peñón se pronunciaron mayoritariamente a favor de la permanencia en el referéndum del 2016, si querían seguir formando parte de la UE necesitaban que otro Estado miembro se responsabilizara de sus relaciones exteriores, como hasta ahora lo había hecho Reino Unido.
La única opción en ese caso, resalta, era España conforme a los estipulado en el Tratado de Utrecht, en el que queda recogido que si Londres renuncia a Gibraltar el territorio pasa a España. Esto era «una píldora difícil de asumir», en opinión de García Margallo, por ello «nosotros propusimos la fórmula intermedia».
Dicha fórmula, explica, pasaba por la cosoberanía de las relaciones exteriores, de defensa, de fronteras exteriores y de asilo e inmigración, «todas ellas inexcusables». Al mismo tiempo, se contemplaba el «respeto absoluto de sus instituciones de autogobierno», tal y como recoge la Constitución española, la posibilidad de tener la doble nacionalidad española y británica y el respeto de todos sus derechos culturales y lingüísticos.
Por último, preveía el «desmantelamiento de la Verja ya que al entrar en la unión aduanera no tenía sentido el control ni para tráfico de personas, ni de mercancías ni de servicios, ha precisado García Margallo. La ventaja de dicha propuesta, esgrime, es que se acababa «con un conflicto de 300 años» y a la vez se permitía «desbloquear muchas disposiciones y leyes europeas que no se aplican por el conflicto de soberanía».