<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados aprobó un total de 43 leyes a lo largo de 2020, 28 de las cuales (el 65%) derivaron de la aplicación de normas marcadas por las instituciones de la Unión Europea.</strong></h4> Según indicó la representación en España del Parlamento Europeo, <strong>un total de 28 leyes (22 reales decretos leyes, cinco leyes nacionales y una ley orgánica) aprobadas por la Cámara Baja entre enero y diciembre de 2020, primer año de la XIV legislatura española, “derivan, de una forma u otra, de las decisiones adoptadas en Bruselas”. </strong> <strong>De esas 28 leyes, siete transponen directivas europeas en el ordenamiento jurídico español y otras 21 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.</strong> Concretamente, las transposiciones se refieren a aspectos tales como el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la contratación de entidades en el sector del agua, energía, transportes y servicios postales, los contratos de seguros, los fondos de pensiones y el empleo, la armonización del IVA y del marco de resolución de litigios fiscales en la UE, las normas comunes para el mercado interior de la electricidad, las energías renovables y la eficiencia energética, el trabajo en la pesca, el mercado interior de gas natural y la utilización de datos de pasajeros para la prevención de delitos de terrorismo. El resto de normativas aprobadas <strong>(las 21 normas restantes) derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo</strong> o de otras instituciones comunitarias. <strong>Estas iniciativas legislativas regulan aspectos mayoritariamente relacionados con las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19</strong> -medidas para la reactivación económica, social y cultural, transportes, vivienda y teletrabajo-, aunque también se refieren a otras materias, como el despido objetivo por faltas de asistencia, la agricultura y la alimentación, el ingreso mínimo vital, la Ley Concursal, los servicios digitales o las transacciones financieras. “Estas cifras son la demostración palpable de que la política europea y la nacional está íntimamente interrelacionadas y, antes o después, todo lo que se decide en Bruselas tiene consecuencias prácticas en la vida diaria de los españoles”, declaró <strong>Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo</strong>. “El trabajo de los parlamentos nacionales o muchas de las decisiones que toman los diferentes gobiernos no se entienden ya sin el que realizan el Parlamento europeo y las demás instituciones comunitarias”, prosiguió. <strong>“Esta tendencia se ha acrecentado con la crisis provocada por la pandemia, dado que la mayor parte de las medidas para hacer frente a sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales se ha</strong><strong> originado en Bruselas”</strong>, añadió.
