<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las medidas laborales y sanitarias aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para adaptar el ordenamiento jurídico español a la retirada definitiva de Reino Unido de la Unión Europea se extenderán a Gibraltar con el condicionante de “reciprocidad” y a la espera de que Madrid y Londres alcancen, antes de la medianoche de mañana, un acuerdo que impida la imposición de un “<em>Brexit</em> duro” en la frontera.</strong></h4> <strong> </strong> Según precisó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Real Decreto Ley <strong>extiende a Gibraltar “todas las medidas que protegen a los trabajadores con independencia de su nacionalidad y, para los gibraltareños, hasta el 30 de junio de 2021”, al tiempo que hace extensiva a los gibraltareños la regulación de la Unión Europea que otorga el derecho a recibir asistencia médica en los hospitales públicos españoles cuando se desplacen a España o si residen en nuestro país.</strong> “Con estas medidas, los gibraltareños que a 31 de diciembre de 2020 estaban registrados como tales podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un Estado miembro, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos. Sus permisos de conducir les permitirán conducir en España hasta el 30 de junio de 2021”, añadió el Ministerio, que precisó que <strong>“todas estas medidas están sometidas a reciprocidad: si la administración gibraltareña no las aplica, el Decreto Ley habilita al Gobierno a suspenderlas para Gibraltar”.</strong> <strong> </strong> En concreto, el Real Decreto Ley establece <strong>el derecho de los británicos que hayan iniciado su actividad antes del 1 de enero de 2021 a poder seguir ejerciendo “profesiones para cuyo ejercicio se exija ser nacional de un Estado miembro”</strong> y la posibilidad de que los nacionales de Reino Unido o nacionales de la UE residentes en Reino Unido que ejerzan una profesión de manera temporal en España “puedan continuar ejerciéndola para cumplir los contratos firmados antes del 1 de enero”. <strong> </strong> Se contempla, además, la protección de los derechos de los trabajadores en materia de <strong>Seguridad Social</strong> y el acceso a las <strong>prestaciones por desempleo</strong> por parte de los nacionales de Reino Unido por los periodos cotizados hasta el 31 de diciembre de 2020 en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, incluidos los periodos cotizados en Reino Unido. El paquete de medidas del Gobierno garantiza también la <strong>prestación sanitaria</strong> a los nacionales británicos “sobre la base de dos principios básicos: <strong>continuidad y reciprocidad”</strong>. <strong> </strong> <strong>Los escollos</strong> Las medidas aplicables a Gibraltar coinciden con <strong>la recta final de las negociaciones entre España y Reino Unido para alcanzar un acuerdo sobre su futura relación</strong>, después de que la colonia haya quedado excluida, expresamente, del acuerdo alcanzado por la UE y Reino Unido sobre la futura relación. <strong> </strong> La situación en que queden los 34.000 habitantes de Gibraltar y los más de 13.000 españoles que deben cruzar todos los días la frontera para trabajar en la colonia británica dependerá de unas negociaciones que se han estancado más de lo previsto. En caso de que no se haya llegado a un acuerdo en la medianoche de mañana, Gibraltar se convertirá en una frontera exterior de la UE y “en el único lugar con un <em>Brexit</em> duro”, según advirtió el pasado lunes <strong>la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya,</strong> durante una rueda de prensa. A diferencia de los británicos, los gibraltareños votaron masivamente a favor de la permanencia en la UE en el referéndum sobre el <em>Brexit</em>. Los principales escollos en las negociaciones están relacionados con <strong>las reticencias de Londres para ratificar el Tratado Fiscal sobre Gibraltar, las discrepancias sobre los asuntos medioambientales</strong> –concretamente, sobre el tratamiento de residuos en el Peñón- , <strong>las diferencias sobre la trazabilidad de las cajetillas de tabaco que entran en España</strong> –mayoritariamente por contrabando- y, por encima de todo<strong>, la oposición radical de Reino Unido a la participación de las fuerzas de seguridad españolas en las labores de control fronterizo en el puerto y el aeropuerto del Peñón.</strong> La presencia de los agentes españoles es una condición indispensable para que Gibraltar pueda entrar en la <strong>Zona Schengen</strong>, tal como ha propuesto el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, y ha respaldado el Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar la libertad de movimiento y la creación de una “zona de prosperidad compartida”. <strong>La entrada en Schengen permitiría la supresión de la Verja en La Línea e implicaría el desplazamiento de la frontera hasta el puerto y el aeropuerto gibraltareños, que se convertirían en las únicas vías de entrada desde el exterior </strong><strong>de la UE</strong>, pero también obligaría a introducir un <strong>control fronterizo conjunto por parte de las fuerzas policiales españolas y británicas</strong>. Reino Unido se opone a esta posibilidad, que interpreta como una <strong>maniobra de España para hacer valer sus reivindicaciones de soberanía en Gibraltar</strong>, y ha propuesto que sea la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (<strong>Frontex</strong>) la que asuma esa labor. <strong>España rechaza esta posibilidad con el argumento de que el control de las fronteras exteriores de la UE corresponde a los Estados miembros</strong> (en este caso a España) y que <strong>Frontex no tiene competencias para controlar por sí misma las fronteras</strong> y sólo ejerce esta labor como fuerza de apoyo a los Estados.
