<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de Gibraltar celebró ayer la decisión de España de retirar un recurso contra la Comisión Europea por avalar varios acuerdos fiscales del Peñón que, a juicio del Gobierno español, violaban el sistema comunitario de ayudas de Estado.</strong></h4> En 2012, España denunció ante la Comisión Europea la <strong>Ley del Impuesto sobre la Renta de Gibraltar de 2010 (Income Tax Act 2010) </strong>por considerar que no era compatible con el sistema comunitario de ayudas de Estado. En 2014, la investigación se amplió para incluir <strong>160 acuerdos fiscales de Gibraltar con distintas compañías</strong>, pero la <strong>Comisión Europea concluyó en 2018 que sólo cinco acuerdos eran ilegales y decidió cerrar el caso</strong>. En respuesta, <strong>España presentó en 2019 un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra la decisión de Bruselas</strong>, por considerar que el número de ayudas ilegales era mucho mayor. Finalmente, <strong>España anunció el pasado 6 de noviembre que había decidido desistir de su recurso</strong>, que fue archivado el 15 de diciembre. España ha sido condenada a pagar las costas, mientras que Reino Unido, que apoyaba a la Comisión, ha decidido asumir las suyas. En un comunicado, el <strong>Gobierno de Gibraltar</strong> celebró ayer la retirada del recurso y aseguró que “el principal motivo para el recurso esgrimido por España era que consideraba que la Comisión Europea había cometido un error de derecho al determinar que las condiciones para la aplicación del principio de ayudas estatales de selectividad regional no se cumplían en Gibraltar”. “El criterio contrario, esto es, el que sostenía España, conllevaría que Gibraltar tendría que operar a todos los efectos un sistema de tributación corporativa similar al del Reino Unido”, lo cual <strong>“habría tenido efectos devastadores para nuestra economía”</strong>, prosiguió. “Al retirar sus acciones legales, España permite de forma efectiva que se mantenga la decisión de la Comisión. El Reino Unido intervino en el caso en apoyo de la Comisión”, añadió. “Estoy muy contento con el anuncio que hacemos hoy”, declaró <strong>el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo</strong>. “Está claro que, ahora que la legislación comunitaria deja de aplicarse a Gibraltar a partir del 1 de enero de 2021, la importancia de este caso ha disminuido, pero siguen existiendo asuntos cruciales en juego, como los efectos retroactivos de una decisión desfavorable”, añadió. “Estábamos convencidos de que, en cualquier caso, el recurso de España tenía pocas probabilidades de prosperar”, prosiguió Picardo, quien precisó que “el Gobierno de Gibraltar no podía intervenir en el caso, pero el Gobierno británico sí, y así lo hizo, en estrecha colaboración con el fiscal general para Gibraltar, Michael Llamas”.
