<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>España ratificó ayer en Estrasburgo el Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos, que fue abierto a la firma en Santiago de Compostela en marzo de 2015 y que insta a los gobiernos a perseguir una práctica que el propio Código Penal español castiga con hasta 12 años de cárcel.</strong></h4> <strong>“España, líder mundial en donación de órganos, también encabeza desde hace años la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes ante la comunidad internacional”</strong>, informó ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores. <strong>“Nuestro país ha dado un paso más hoy con la ratificación del Convenio de Santiago de Compostela sobre la lucha contra este delito, abierto para firma en la ciudad gallega en el año 2015”</strong>, prosiguió. El acto de depósito del Instrumento de Ratificación del Convenio de Santiago tuvo lugar ayer en Estrasburgo. El Convenio, <strong>el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos</strong>, fue adoptado el 9 de julio 2014 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa a partir de un estudio conjunto elaborado en 2008 por el Consejo de Europa y por Naciones Unidas, y en el que también participó <strong>la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España.</strong> Aquel estudio, presentado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en octubre de 2009, concluyó que, aunque existía una definición universalmente aceptada de la trata de personas, en la que se incluye también la trata con fines de extracción de órganos (en documentos legales vinculantes como el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos), <strong>el delito de tráfico de órganos (tejidos y células) no estaba adecuadamente abordado en los instrumentos legales existentes a nivel internacional. </strong> Por ese motivo, se consideró necesaria la elaboración de un tratado que definiera este tráfico como una violación de derechos fundamentales, que proporcionara una definición internacionalmente aceptada del tráfico de órganos y que especificara las medidas para combatir y prevenir este delito y para proteger a sus víctimas. El resultado fue la promoción de este Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra el Tráfico de Órganos Humanos por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa en abril de 2011. <strong>Tras su adopción en julio de 2014, el Convenio se abrió a la firma en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015, durante la Conferencia Internacional sobre el tráfico de órganos. Su entrada en vigor se produjo el 1 de marzo de 2018.</strong> <strong>España firmó el documento en marzo de 2015</strong>, junto a otros catorce países, pero la ratificación se fue retrasando debido a las reiteradas disoluciones de las Cortes Generales (hasta en cuatro ocasiones desde 2015), por lo que hubo que <strong>esperar hasta marzo de 2020 para que el Consejo de Ministros lo remitiera al Parlamento y autorizase su ratificación. </strong>Según los últimos datos del Registro Mundial de Trasplantes -que gestiona la ONT desde hace 14 años como centro colaborador de la OMS-, publicados el pasado mes de septiembre, España aporta en la actualidad el 20% de los donantes de órganos de la UE y el 6% del mundo, lo que <strong>permite a nuestro país mantenerse como líder mundial en esta materia, por vigésimo octavo año consecutivo.</strong> La ratificación del Convenio por parte de España estuvo precedida, en 2019, de <strong>la modificación del Código Penal español, cuyo artículo 156 bis tipifica el tráfico de órganos como delito, se alinea con las disposiciones del Convenio de Santiago de Compostela</strong> y establece que “el tráfico de órganos humanos será castigado con la pena de prisión de seis a doce años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose del órgano de una persona fallecida”. <strong>Cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo</strong>, de acuerdo con los datos que gestiona la ONT por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS calcula que <strong>entre un cinco y un diez por ciento de estos trasplantes resultan del tráfico de órganos,</strong> un delito que ocurre normalmente en el contexto del llamado turismo de trasplante, en el que pacientes de países ricos o pertenecientes a minorías ricas reciben órganos extraídos ilícitamente de los sectores más vulnerables de la población en países en vías de desarrollo.
