España llevará una propuesta a Andorra sobre el acceso a vacunas en países de renta media

Eduardo González La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, anunció ayer que el Gobierno español llevará a la próxima Cumbre Iberoamericana de Andorra una propuesta para que se facilite el acceso a las vacunas contra el COVID-19 en los países de renta media, en especial los iberoamericanos. “En estos nueve o diez meses de pandemia ha habido un agravamiento de la situación de los derechos humanos en el mundo, que ya antes era muy difícil”, declaró la ministra durante su participación en el encuentro Derechos Humanos en América Latina: un balance tras la pandemia, organizado por Casa de América. Este retroceso se ha mostrado “de forma muy flagrante en los derechos civiles y políticos”, porque “la pandemia ha dado pie a países a tomar medidas que, con ese pretexto, cerraron aún más el espacio para los derechos civiles y políticos”, pero también se ha apreciado “de manera cruel” en “los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la salud, al agua, a la vivienda o al empleo remunerado de manera digna”, a causa de “la debilidad de muchos sistemas de políticas públicas”, prosiguió. Dentro de esos derechos sociales, la ministra destacó el derecho a la salud y, muy concretamente, el derecho a acceder a las vacunas contra el COVID-19 cuando ya estén disponibles. “Desde el primer momento, España ha entendido que, además de vacunarnos a nosotros, debemos facilitar el acceso a las vacunas a todos los demás, porque no sirve para nada que nuestros ciudadanos estén vacunados si no lo están los de otros países en un mundo en el que todos somos interdependientes”, explicó. Por ese motivo, España ha “garantizado mecanismos de cooperación internacional para un acceso equitativo a las vacunas” pero también va a defender los derechos de los países de renta media, que no tienen acceso a las vacunas “ni por riqueza ni por la solidaridad internacional”. “Hay una discusión muy grande sobre el acceso a las vacunas en países muy ricos y países muy pobres, pero ¿qué pasa con el centro?”, se preguntó. Por ello, anunció, España tiene previsto llevar a la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para abril de 2021 en Andorra, unas propuestas para facilitar el acceso equitativo a la financiación internacional y a las vacunas a estos países de renta media, porque “tenemos buenas palabras y tenemos buenas ideas, pero hace falta un mecanismo que permita anclar estas ideas y estas palabras en proyectos concretos de solidaridad para las vacunas y la financiación”. En el mismo acto, que estuvo moderado por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, afirmó que el COVID-19 “ha desnudado las desigualdades profundas dentro de las sociedades y entre países y ha tenido un impacto fuerte en los derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables”, lo cual “es impactante, pero no sorprendente”. “El virus no discrimina pero sí tiene un impacto desproporcionado en los grupos más vulnerables, con acceso desigual a servicios y oportunidades” y, por ello, en las respuestas a la crisis “no podemos volver a la normalidad del día cero, que era tremendamente desigual, sino que hay que reconstruir para mejorar y crear un modelo social y económico que permita a todas las personas tener las mismas oportunidades”, manifestó. Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, la mexicana Erika Guevara, denunció que desde que comenzó la pandemia “muchos países declararon medidas excepcionales” que han causado "numerosas violaciones a los Derechos Humanos en países como El Salvador, Paraguay y Venezuela", donde se han registrado "detenciones forzadas de hasta 40 días". Aparte, prosiguió, “muchos gobiernos han optado para explotar la sensación de incertidumbre para restringir la libertad de expresión y el acceso de la información, así como la libertad de personas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos”. En estas circunstancias, denunció, el impacto de la pandemia “ha sido brutal en la vida de las mujeres y las niñas” y ha causado un incremento de “los índices de feminicidio”.

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