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La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso aprobó este lunes, por unanimidad, la creación de una subcomisión encargada de reformar el actual marco legislativo y el conjunto del sistema de la Cooperación Española.

La propuesta fue presentada por IU (concretamente por la diputada, Roser Maestro, presidenta de la Comisión) y fue avalada por todos los grupos parlamentarios (Socialista, Popular,  Unidas Podemos, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco, Euskal Herria Bildu y Mixto), a excepción de Vox, el pasado mes de septiembre, cuando fue presentada oficialmente para su debate en el Congreso.

Finalmente, Vox también decidió dar su voto favorable este lunes y unirse a los trabajos de la subcomisión, que contará con quince miembros (tres socialistas, dos del PP, Vox y Unidas Podemos y uno de cada uno de los restantes grupos parlamentarios) y operará en el marco de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La subcomisión, que aún debe pasar por el pleno del Congreso, se encargará de presentar, en un plazo máximo de seis meses, un informe sobre la actual normativa reguladora del sistema de cooperación internacional para el desarrollo y sobre su aplicación, con propuestas y conclusiones, a fin de garantizar “su eficacia y eficiencia en respuesta a los retos que trae consigo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, según figura en el texto aprobado.

Las conclusiones servirán de base para la aprobación, “a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social”, de la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible (que sustituirá a la actual Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 1998) y para la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Para desarrollar su trabajo, la subcomisión podrá contar con la ayuda de autoridades competentes, representantes del sector privado y expertos de entidades del tercer sector en el ámbito de la cooperación, nacional e internacional.

Los objetivos de la subcomisión se ajustan a lo que anunció la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en su comparecencia del pasado 18 de junio ante la Comisión, en la que expresó su deseo de que la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible pueda aprobarse en 2021, para que “ya esté operativa en 2023”. También se comprometió a reformar la AECID y a intentar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 contemplen una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 0,5% de la Renta Nacional Bruta, frente al menos del 0,2% actual.