The Diplomat in Spain

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La Comisión Europea está “vigilando” la aplicación de la orden del Gobierno español para perseguir la “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que busque influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró que la orden pretende “limitar que se puedan vehicular falsedades” y se ajusta a directrices de la UE de 2018.

Según declaró ayer un portavoz de la Comisión en rueda de prensa, el Ejecutivo comunitario está “al tanto” de esta medida del Gobierno español y la está analizando, teniendo en cuenta que se ha aprobado en el contexto del estado de alarma. “La Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia”, precisó, citado por la agencia Europa Press.

Por su parte, Arancha González Laya aseguró ayer, en declaraciones a La hora de la 1 de RTVE, que el objetivo de la orden del Gobierno -publicada este pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Carmen Calvo- es “limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia”.

Asimismo, aseguró que el plan del Ejecutivo se ajusta a las directrices marcadas por dos comunicaciones que la Unión Europea lanzó en 2018. “Recomiendo su lectura. Creo que es útil entender qué estamos intentando arreglar”, añadió. Concretamente, la ministra se refirió a la Comunicación de la Comisión Europea sobre lucha contra la desinformación en línea y al Plan de Acción contra la Desinformación, ambas colgadas ayer por la propia González Laya en su cuenta de Twitter.

“Cuando en Europa, desde instituciones públicas, se insta a un pacto con Facebook, Amazon o Google por una información veraz, se hace desde las instituciones. También las instituciones públicas, los Gobiernos, tienen esa obligación de garantizar un debate público plural y diverso”, porque se trata de “preservar la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, que es una obligación pública”. Por su parte, tanto Ciudadanos como Vox han anunciado que recurrirán ante las instituciones europeas para que “intervengan en defensa del Estado de Derecho” en lo referente a la orden.