<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados reclamó ayer al Gobierno que promueva una investigación imparcial y transparente sobre la muerte del español Diego Bello Lafuente en Filipinas, que tuvo lugar el pasado 8 de enero por disparos de la Policía.</strong></h4> La Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Popular y que obtuvo el apoyo unánime de la Comisión, asegura que <strong>Bello, un ciudadano coruñés de 32 años, murió el pasado 8 de enero después de recibir seis disparos de la Policía filipina en la isla filipina de Siargao</strong> “cuando se disponía a entrar en su domicilio”. Según la PNL, defendida por la diputada <strong>Valentina Martínez</strong>, las autoridades filipinas aseguraron que la muerte se había producido “en legítima defensa” porque Diego Bello había disparado en el momento en que era detenido por tráfico de drogas de alto valor. Sin embargo, “once meses después siguen existiendo numerosas dudas sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte”, ya que <strong>el informe toxicológico realizado en el Instituto de Medicina Legal en Madrid, a petición de la Audiencia Nacional, “descartó que Diego hubiera consumido algún tipo de estupefacientes al menos en los últimos ocho meses antes de su muerte” y demostró “que no había realizado disparos”</strong>, prosiguió la diputada. Además, añadió, “la versión de los testigos contradice la de los policías”. “Diego era un hombre sano, deportista, que no tenía antecedentes penales ni había estado involucrado en incidente alguno relacionado ni con la compra, ni con la venta ni con el consumo de estupefacientes en ningún momento de su vida en ninguno de los países en los que vivió: Reino Unido, Tailandia, Australia, Honduras y Filipinas”, aseguró. Tampoco se ha podido demostrar que portara drogas ni arma alguna en el momento de recibir los disparos y <strong>un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) sobre este caso indica que “todo apunta a una ejecución sumaria”.</strong> Al menos uno de los disparos que recibió fue hecho a escasa distancia y cuando el cuerpo de Diego Bello ya estaba tendido en el suelo. La autopsia previa realizada en Filipinas a instancias de la familia, la CHR y la Embajada de España “coincide en esa misma conclusión”, según la PNL. Por todo ello, el Congreso ha solicitado <strong>“la mediación del Gobierno para que se esclarezcan de forma definitiva todas las circunstancias de la muerte de este ciudadano español en Filipinas”</strong>, para que <strong>“la familia reciba un consuelo que sólo es posible si se esclarece el caso”</strong> y para que, “eventualmente<strong>, se depuren responsabilidades</strong>”, lo que implica “solicitar al Gobierno de Filipinas a que, en aras de la relación de amistad y cooperación diplomática entre nuestros países, promueva una investigación imparcial que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Bello Lafuente, determinando la identidad y paradero de los presuntos autores de los disparos y estableciendo medidas cautelares que eviten su posible fuga antes de un eventual juicio”. Asimismo, la moción insta al Ejecutivo a solicitar a las autoridades filipinas, en aplicación del Tratado sobre asistencia judicial en materia penal suscrito los dos países en 2004, “toda la documentación judicial de la que pudiera disponer relativa al ciudadano español Diego Bello Lafuente tanto la previa a la intervención policial que le causó la muerte como la posterior a la misma, resultado de la investigación realizada”.
