<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este pasado martes la remisión a las Cortes Generales, por procedimiento de urgencia, de la Carta Social Europea revisada, al tiempo que autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta, lo que implicaría su ratificación una vez aprobada por el Parlamento.</strong></h4> La <strong>Carta Social Europea revisada, abierta a la firma en mayo de 1996 por el Consejo de Europa, sustituye a la anterior Carta Social Europea de 1961</strong>, que garantizaba los derechos sociales y económicos fundamentales y que fue ratificada por España el 6 de mayo 1980 y entró en vigor para nuestro país el 5 de junio de ese mismo año. La <strong>nueva Carta Social Europea</strong>, que actualiza el contenido de la Carta de 1961 teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales acaecidos desde su adopción (y que incorpora, entre otras novedades, el derecho a la vivienda y a la dignidad en el trabajo y la posibilidad de denunciar a España o a cualquier otro Estado ante el Consejo de Europa por incumplimiento de las garantías sociales reconocidas en la Carta), entró en vigor el 1 de julio de 1999 y hasta la fecha la han ratificado 34 países. <strong>España la firmó el 23 de octubre de 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación.</strong> El Consejo de Estado, en dictamen de 11 de mayo de 2000, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de la Carta Social revisada requiere la previa autorización de las Cortes Generales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española. <strong>El Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019 dispuso su remisión a las Cortes Generales para obtener su autorización, pero la disolución de las Cámaras en marzo del año pasado para la convocatoria de elecciones motivó que no se produjera la autorización solicitada.</strong> Por ello, se hace necesario remitir nuevamente el expediente a las Cortes Generales. Finalmente, el Gobierno ha solicitado que se tramite por el procedimiento de urgencia teniendo en cuenta, entre otros factores, que <strong>“la actual situación debida a la enfermedad COVID-19 no hace sino más imperiosa la necesidad de que España tenga ratificados instrumentos pensados para otorgar una mayor protección social a sus ciudadanos”.</strong>
