<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, participó este pasado martes en un acto público virtual en conmemoración del décimo aniversario de la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (ICDP), un organismo nacido a iniciativa de España y cuya sede se encuentra en Madrid desde junio de 2016.</strong></h4> <strong> </strong> La Comisión fue creada en octubre de 2010 por iniciativa del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su sucesor, Mariano Rajoy, mantuvo su apoyo a este proyecto desde el comienzo de su mandato. El traslado de la sede a Madrid, aprobado en diciembre de 2015, permitió dotarla de una personalidad jurídica propia, de acuerdo con las leyes del país de acogida del Secretariado, España. <strong> </strong> Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, <strong>España es el país que más contribuye a la labor de la ICDP, con más de 100.000 euros anuales</strong>. Aparte, la red de Embajadas ofrece apoyo logístico a las misiones de la Comisión, formada por 22 comisarios con experiencias profesionales de renombre y procedencias geográficas diversas y cuyo principal objetivo es seguir avanzado en la abolición de la pena de muerte. <strong>La abolición de la pena de muerte “es un asunto de voluntad política” y la lucha por la erradicación de la pena capital es un “imperativo moral” para el Estado de Derecho, declaró Gallach</strong> durante la inauguración del evento, en el que participaron miembros de la Comisión y representantes del grupo de apoyo a la ICDP, formado por 23 Estados miembros y presidido por España. Aparte, desde la sede del Ministerio participaron en el evento <strong>el embajador en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, Pablo Ruiz-Jarabo, y la directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Asunta Vivó.</strong> A lo largo de los últimos 25 años se ha producido un avance notable hacia la plena abolición de la pena de muerte, recordó el Ministerio. El número de países que aplican la pena capital ha descendido de 40 a 20. En la actualidad, 148 Estados -dos tercios de la comunidad internacional- la han abolido por ley o en la práctica, mientras que 56 Estados la mantienen. En los últimos tres años, la pena de muerte se ha aplicado en un total de 22 países. La actividad de la ICDP se centra en los países donde aún se ejecuta o donde, aunque no se ejecute, no se ha aprobado la abolición por ley. En estos países, según Exteriores, los comisarios realizan “gestiones discretas ante sus Gobiernos, siguiendo un enfoque gradual, instándoles a adoptar soluciones concretas y asesorándoles en su forma y presentación”. El pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó una declaración en la que reiteraba que la abolición de la pena de muerte es una prioridad de la política exterior española en materia de Derechos Humanos. “Nuestro país ha desarrollado un papel destacado y conocido por otros Estados en la defensa de la abolición de la pena de muerte en foros internacionales”, añadía la declaración.
