<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El aumento de la presión de la Comisión Europea sobre el Gobierno español ha forzado al presidente Pedro Sánchez a paralizar el proyecto de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).</strong></h4> Ayer, <strong>Sánchez</strong>, aprovechando el debate de la moción de censura planteada por Vox, <strong>ofreció al PP parar la tramitación de la proposición de ley</strong> de los Grupos parlamentarios de PSOE y Unidas que pretende que los jueces sean elegidos por la mitad más uno del Parlamento y no por los tres quintos de la Cámara como hasta ahora; y negociar la renovación del Consejo y de los demás órganos constitucionales. Sánchez ya había echado el freno a la iniciativa cuando <strong>la pasada semana un portavoz de la Comisión dijo que vigilarían de cerca esa reforma</strong>. Ahora, parece ir más allá, después de que el miércoles se encontrara con <strong>una nueva advertencia</strong>, algo más formal, por venir de un miembro del Colegio de Comisarios, concretamente <strong>del titular de Justicia, Didier Reynders</strong>. <strong>Reynders mantuvo una conversación telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, a quien <strong>pidió más información sobre la reforma</strong> prevista, según fuentes de la Comisión. Fuentes oficiales citadas por <em>Efe</em> precisaron que fue la ministra quien llamó a Reynders para ponerle al día de la reforma. En cualquier caso, según las fuentes comunitarias, el comisario reiteró a González Laya que la Comisión estaba “siguiendo de cerca los desarrollos sobre el borrador de legislación”. En concreto, Reynders habría insistido en que "cuando los Estados miembros reforman sus sistemas judiciales deben hacerlo en consulta con las partes relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia", el órgano asesor del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales, democracia y derechos humanos. Y agregó que esos Estados “deben seguir estándares europeos para asegurar que no se compromete la independencia judicial”. El Gobierno español se ha comprometido a enviar la información solicitada al comisario, con quien el ministro de Justicia,<strong> Juan Carlos Campo</strong>, tiene intención de hablar personalmente. Las reservas con que la iniciativa de la formaciones que sustentan el Gobierno en España ha sido acogida no sólo en Bruselas, sino también en el Consejo de Europa, parece estar llevando al Ejecutivo a meterla en el congelador. Lo contrario pondría a España en una situación complicada en la que sería señalada por Europa, como les está sucediendo a Polonia y Hungría por sus reformas. Además, si España es acusada de no respetar el Estado de derecho por la citada reforma, existiría el riesgo de que los llamados países frugales de la UE lo aprovecharan para cuestionar si Madrid debe recibir los fondos comunitarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
