<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El informe que anualmente elabora la Fundación Alternativas sobre el estado de la democracia en España señala que en 2019 el índice de calidad democrática experimentó una ligera subida respecto al del año anterior aunque estima que la corrupción sigue siendo la mayor debilidad de nuestro sistema democrático.</strong></h4> El estudio considera que la democracia española ha desarrollado algunas características que pueden resultar preocupantes: crispación en el debate, polarización ideológica, repetición electoral, falta de un Gobierno estable, falta de presupuestos, controversias judiciales, tensión territorial, etc. Y subraya que, a todo ello hay que añadir los efectos de la pandemia de COVID-19, que impactó duramente a España en la primera mitad de 2020 y que ha evidenciado muchas de las limitaciones de nuestras instituciones democráticas. Las conclusiones del informe, dirigido por <strong>Alberto Penadés</strong>, abarcan un amplio espectro de materias, como el consenso territorial, el cambio climático o el bloqueo político. De manera global, según el estudio, en 2019 la percepción de la democracia española mejoró respecto al año anterior al subir tres décimas el índice de calidad, alcanzando los 6,1 puntos, y continuando así la progresión al alza de los tres años precedentes, hasta llegar casi al mismo nivel del primer estudio que hizo la Fundación Alternativas en 2007. Asimismo, indica que si se tienen en cuenta acontecimientos de 2019 como el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno, que obligaron a repetir las elecciones, la sentencia del procés y las posteriores protestas y disturbios, el resultado obtenido puede ser calificado de "notable". También señalan las conclusiones que ni los representantes políticos ni los medios de comunicación "parecen estar a la altura de nuestra ya no tan joven democracia” y ponen de relieve que la corrupción es la "mayor debilidad de nuestra democracia" junto a las "injerencias financieras e internacionales". El documento fue presentado telemáticamente ayer con la participación de la presidenta del Congreso, <strong>Meritxell Batet;</strong> de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Y<strong>olanda Gómez;</strong> y del vicepresidente de la Fundación Alternativas, <strong>Diego López Garrido</strong>. Batet recalcó que el estudio "confirma el buen estado de la democracia española entendiendo por tal la capacidad representativa de nuestro sistema electoral e institucional, la garantía y expresión del pluralismo social y la fuerza y la libertad de la sociedad civil española", informa Efe. Por su parte, la directora del CEPC aseguró que su resultado es "alentador" pese a las circunstancias porque la valoración de la democracia "sigue siendo positiva". Los datos del pasado año muestran una aproximación del índice de calidad democrática a la cota máxima de 6,2 puntos en 2007, y que posteriormente fue descendiendo con la crisis se estabilizó con la llegada del PP al poder y luego siguió bajando coincidiendo con los recortes del gasto público. El año 2019 es el primero en el que "todas las esferas de la democracia se han evaluado positivamente por las personas expertas que participan en este estudio", recalcó Modesto Escobar en su apartado dedicado a este indicador, donde concluye que si bien "la democracia española está consolidada formalmente" todavía "tiene un largo camino que recorrer" en algunos aspectos sustanciales. En este sentido, explicó que la evaluación de la libertad de expresión ha experimentado un descenso "apreciable" en los últimos cinco años, atribuida al "procés" soberanista catalán y al 1-O. También tienen puntuaciones negativas la participación política, por la falta de independencia financiera de los partidos, y el área de unos medios de comunicación "mal valorados tanto por su baja independencia como por su escaso respeto a los ciudadanos de este país". Entre las principales "fortalezas" de la democracia reseñadas por los expertos figuran "la celebración de las elecciones, el respeto a las libertades religiosa, de partidos políticos y sindicatos, el derecho a vivir y a la lengua, el ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de obligaciones europeas".
