<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a “condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela” y a “apoyar las recomendaciones del Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.</strong></h4> La Comisión aprobó ocho de los nueve puntos de la PNL, que fueron votados uno a uno. Concretamente, recibió el apoyo mayoritario (con la excepción de Unidas Podemos) en siete de los puntos, en los que se insta al Gobierno a condenar “las violaciones de derechos humanos, la represión y los recortes de derechos democráticos y civiles causados por el régimen encabezado por Nicolás Maduro” y a declarar su apoyo a las 65 recomendaciones recogidas en el Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se afirma que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido violaciones “flagrantes” de los derechos humanos. Asimismo, los diputados pidieron “investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, la “inmediata liberación de todos los presos políticos”, la promoción, en el marco UE y otros organismos multilaterales, de “una investigación independiente de las conclusiones de este informe”, el aumento de las sanciones europeas al régimen, la promoción en los organismos internacionales de la condena al régimen de Maduro y el apoyo a la oposición política venezolana. El punto nueve, en el que se insta al Gobierno a <strong>“rechazar de forma contundente la celebración de las elecciones parlamentarias de Venezuela el próximo 6 de diciembre si no se dan las condiciones democráticas suficientes” fue aprobado con la abstención del PSOE</strong> y el punto seis, en el que se insta al Gobierno a <strong>“emprender las acciones judiciales oportunas ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe, así como las denuncias de aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la represión y tienen doble nacionalidad”</strong>, fue rechazada por los votos en contra de los dos partidos del Gobierno de coalición. Durante el debate, <strong>Valentina Martínez Ferro, del PP</strong>, afirmó que “el Grupo Popular quiere para Venezuela lo mismo que quiere para España, libertad, respeto a los derechos humanos y todas las garantías democráticas”. “El chavismo, al que por mucho tiempo asesoraron algunos miembros del actual gobierno de España, ha sometido al país a una espiral de violencia de la que cinco millones de personas han tenido que huir”, prosiguió. “España no puede quedarse mirando para otro lado porque el silencio se volvería cómplice”, añadió. Por su parte, el socialista <strong>Héctor Gómez</strong> afirmó que “es muchísima la población de Venezuela que está perdiendo familiares por la represión a la que está siendo sometida por el régimen” advirtió de la necesidad de “buscar una solución definitiva al bloqueo de Venezuela”. <h5><strong>Refugiados de Moria y el voto rogado</strong></h5> Por otra parte, la Comisión aprobó una propuesta de Unidas Podemos por la que insta al Gobierno a impulsar en la UE una solución para la situación del campo de refugiados de Moria (Grecia), con los votos en contra de Vox y PP. Otro de los puntos fuertes de la reunión de ayer fue la PNL del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno <strong>a impulsar la modificación, “en el plazo de tres meses”, del Régimen Electoral General para eliminar el sistema de voto rogado </strong>y para establecer un sistema de voto electrónico”. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría tras una enmienda transaccional. El voto rogado fue introducido en 2011 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV y, desde entonces, se ha traducido en un brusco descenso en la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El pasado mes de febrero, el pleno del Senado pidió al Gobierno que promoviera e impulsara “en un plazo no superior a los seis meses”, una iniciativa legislativa “dirigida a suprimir el voto rogado”, pero “el maldito virus” ha impedido avanzar en este tema, como reconoció en el debate el diputado socialista Arnau Ramírez. Por otra parte, la Comisión votó a favor de la <strong>ratificación del acuerdo entre España y Reino Unido para la participación en determinadas elecciones </strong>de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro después del <em>Brexit</em>, firmado en Madrid el 21 de enero de 2019. La Comisión comenzó con <strong>un minuto de silencio en recuerdo del profesor de secundaria asesinado el pasado viernes en París por un islamista radical</strong>, a propuesta del presidente de la comisión, el socialista Pau Marí-Klose, quien expresó la “repulsa más profunda” al atentado e hizo un llamamiento a “mantener la serenidad pero también la firmeza ante las expresiones de odio”.
