<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Asuntos Generales de la UE recomendó ayer que las medidas coordinadas para la libre circulación de personas en el contexto del COVID-19 se ajusten a criterios de regionalización, tal como pedía España para intentar salvar la temporada turística de invierno en Canarias y Baleares. Por ello, el Gobierno español acogió “positivamente” esta recomendación, que </strong><strong>“</strong><strong>refleja la postura de España en elementos fundamentales”.</strong></h4> <strong> </strong> El objetivo de estas medidas es “evitar la fragmentación y las perturbaciones, así como aumentar la transparencia y la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas”, según informó el Consejo al término de la reunión, celebrada en Luxemburgo y en la que España estuvo representada <strong>por el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba. </strong> Concretamente, el Consejo recomienda que, cada semana, los Estados miembros faciliten al <strong>Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)</strong> los datos de que dispongan en relación con el número de casos nuevos notificados por cada 100 000 habitantes en los últimos 14 días, el número de pruebas por cada 100 000 habitantes realizadas en la última semana (tasa de pruebas) y el porcentaje de pruebas positivas realizadas en la última semana (índice de positividad de las pruebas). Atendiendo a estos datos, el ECDC deberá publicar <strong>un mapa semanal de los Estados miembros de la UE, “desglosado por regiones”, para apoyar a los Estados miembros a la hora de decidir.</strong> Las zonas se señalarán por colores dependiendo de los datos: <strong>color verde</strong>, si el índice de notificación en los últimos catorce días es inferior a 25 y el índice de positividad de las pruebas es inferior al 4 %; <strong>naranja</strong>, si el índice es inferior a 50 pero el índice de positividad de las pruebas es del 4 % o superior o, si el índice de notificación en los últimos catorce días se halla entre 25 y 150 y el índice de positividad de las pruebas es inferior al 4 %;; <strong>rojo</strong>, si el índice es de 50 o superior y el índice de positividad de las pruebas es del 4 % o superior, o si el índice de notificación en los últimos catorce días es superior a 150; y <strong>gris</strong>, si la información es insuficiente o si la tasa de pruebas es inferior a 300. A la hora de tomar medidas, los Estados miembros no podrán restringir la libre circulación de las personas que viajan hacia o desde las zonas verdes. Aparte, <strong>en caso de aplicar restricciones, deberán respetar las diferencias de situación epidemiológica entre las zonas naranjas y las zonas rojas y actuar con proporcionalidad. </strong>Asimismo tendrán en cuenta la situación epidemiológica en su propio territorio. La recomendación del Consejo - que no es un instrumento jurídicamente vinculante- advierte de que <strong>los Estados miembros no deberán denegar, en principio, la entrada a personas que viajen desde otros Estados miembros.</strong> Aparte, los Estados miembros que consideren necesario imponer restricciones podrán exigir a las personas que viajen desde zonas no verdes <strong>que observen</strong> <strong>una cuarentena o que se sometan a una prueba después de su llegada.</strong> Los Estados miembros podrán proponer la sustitución de dicha prueba por otra realizada antes de su llegada. <strong> </strong> <h5><strong>Satisfacción de España</strong></h5> Las recomendaciones del Consejo satisfacen en buena parte las pretensiones de España, que ha reclamado reiteradamente que las restricciones se ajusten a criterios compartidos y comunes, que las medidas se apliquen de forma gradual, ordenada y previsible, que se introduzcan las pruebas de diagnóstico como posible alternativa a las cuarentenas y que cualquier decisión general sobre libre circulación se base en criterios de regionalización. Por ese motivo, el <strong>Gobierno español</strong> acogió ayer “positivamente” esta Recomendación, ya que refleja la postura de España “en elementos fundamentales”, como <strong>“la exclusión del cierre de fronteras como medida a adoptar” y la “regionalización de la evaluación y de la implementación de medidas”</strong>, entre otras, y "hace una mención específica a los territorios periféricos y ultraperiféricos, como las islas, para las que España ha defendido un tratamiento singularizado”, añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. “Esta Recomendación recoge aspectos importantes que España viene defendiendo desde que a mediados de agosto empezó a erosionarse la libre circulación en la Unión Europea”, declaró <strong>el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz</strong>, competente en las cuestiones de movilidad. “Nos da suficiente margen de maniobra para establecer acuerdos bilaterales más ambiciosos con los socios europeos” y permitirá “seguir trabajando, esta vez bajo el marco de una Recomendación adoptada por el Consejo de la Unión Europea, en el establecimiento de corredores turísticos con los territorios que los requieran”, prosiguió. Por su parte, <strong>la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto</strong>, declaró que “este acuerdo es un primer paso para reactivar la actividad turística internacional porque recoge medidas proporcionadas y predecibles que permiten mejorar la confianza de los viajeros”.
