<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha convocado para el próximo 22 de octubre una reunión de las comunidades autónomas para debatir sobre el impacto de la salida del Reino Unido de la UE.</strong></h4> El objetivo de la reunión de la <strong>Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)</strong> es analizar las consecuencias que podría tener el <em>Brexit </em>en las distintas comunidades autónomas, a la espera de cómo concluyan las actuales negociaciones sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE. “Tenemos que ser realistas y estar preparados para que, en algunos ámbitos, los resultados de la negociación difieran de nuestros intereses", advirtió <strong>la ministra durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.</strong> A juicio de González Laya, tanto si finalmente se llega a un acuerdo –que en estos momentos se presenta “difícil”- como si no, las relaciones entre la UE y el Reino Unido serán “sustancialmente distintas” después del 1 de enero de 2021, por lo que las administraciones, las empresas y los ciudadanos deberán estar preparados para toda eventualidad. Según la ministra, las negociaciones se presentan complicadas en algunas de las prioridades del Gobierno español, como la pesca o la preparación del “terreno de juego” para evitar una competencia desleal en ámbitos como la fiscalidad, el medio ambiente o los derechos laborales. En todo caso, y para afrontar un posible <em>Brexit</em> sin acuerdo, tanto España como la UE cuentan con sus respectivos planes de contingencias, que en el caso de España ha sido elaborado antes del Acuerdo de Retirada y se ha seguido actualizando desde entonces, prosiguió González Laya, quien también aseguró, sin más detalles, que Iberia tendrá “la posibilidad de continuar ofreciendo vuelos entre Reino Unido y España” porque está “considerada una compañía española”. Precisamente, el <strong>secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba</strong>, participó ayer en Luxemburgo en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, en el curso del cual los ministros de Asuntos Europeos mantuvieron una discusión sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido, en el que participaron el vicepresidente de la Comisión para Asuntos Interinstitucionales y Prospectiva, Maros Šefčovič, y el jefe del equipo negociador, Michel Barnier. <h5><strong>Gibraltar</strong></h5> Por otra parte, la ministra aseguró en el Congreso que las negociaciones técnicas entre Madrid y Londres sobre la futura relación con <strong>Gibraltar</strong> continúan en paralelo a las del <em>Brexit</em> y que, “sin renunciar a nuestros derechos de soberanía”, España tampoco renuncia al objetivo de “prosperidad compartida a ambos lados de la Verja”, lo cual implica priorizar “el beneficio de los ciudadanos y los trabajadores” y aspectos como la movilidad de personas y trabajadores, el transporte, bienes y servicios, policía y aduanas, fiscalidad y medioambiente. En respuesta a Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, quien acusó a la ministra de haber “echado por tierra, en nueve meses, una posición de 300 años”, con su reciente reunión con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, González Laya aseguró que ella ha <strong>sido “la tercera ministra que se reúne con el <em>chief minister</em> de Gibraltar, que se sepa”. “Hay algunos más que no se sabe, pero como no quiero entrar en ese juego, prefiero que se sepa”</strong>, añadió. Aparte, prosiguió -parafraseando en parte las palabras del diputado de Vox-, su encuentro con Picardo sirvió para abordar “algo que ha costado 300 años: cuatro acuerdos por los que se regulan cosas que importan al Campo de Gibraltar, como la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente o los derechos de los ciudadanos”.
