<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha pedido a los Estados miembros de la UE, “especialmente España”, que condenen la futura ley del Gobierno de Daniel Ortega para limitar la cooperación internacional en materia de derechos humanos.</strong></h4> En un comunicado, la Coordinadora ha denunciado que la <strong>Ley de Regulación de Agentes Extranjeros</strong> que está tramitando el Gobierno de Ortega impondría, de ser aprobada, “inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación”. Concretamente, el proyecto de ley define como <strong>“agente extranjero”</strong> a todas las <strong>“organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea”. </strong> El texto, que no hace ninguna mención a las inversiones extranjeras ni a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades económicas o comerciales en el país, podría ser usado <strong>“como instrumento de represión en contra de personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional en el país”</strong>, denunció la Coordinadora. “De aprobarse, esta medida contribuirá directamente al bloqueo de espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil dan seguimiento a las violaciones de derechos humanos, y agravaría la ya preocupante criminalización de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en el país”, prosiguió. “La propuesta del Gobierno nicaragüense es incompatible con las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos suscritos por Nicaragua” y, por ese motivo, <strong>“hacemos un llamamiento a la Unión Europea, y especialmente al Gobierno de España, para que condenen estas medidas que dificultan profundamente los procesos democráticos en Nicaragua, los espacios de participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos”</strong>, concluyó.
