<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que insta al Gobierno a exigir, “de forma coordinada con la UE”, el respeto de los derechos humanos en Bielorrusia y a impulsar “una hoja de ruta” que permita “la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales”.</strong></h4> La PNL sobre “promoción de la Democracia y el Estado de Derecho en Bielorrusia” fue aprobada, tras la incorporación de enmiendas, con <strong>los votos favorables del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos y la abstención del Grupo Confederal de Unidas Podemos y de los partidos independentistas</strong>. El debate y la votación coincidieron con <strong>la decisión de la Unión Europea de no reconocer el nuevo mandato del presidente Alexander Lukashenko</strong>, por considerar que los resultados de las elecciones del pasado 9 de agosto fueron “fraudulentos”, según declaró el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en nombre de los Veintisiete. “La denominada toma de posesión de este miércoles y el nuevo mandato de Lukashenko carecen de cualquier legitimidad democrática”, prosiguió el ex ministro español. El <strong>texto aprobado</strong> por el Congreso insta al Gobierno a <strong>“exigir, de forma coordinada con la UE, a las autoridades bielorrusas que garanticen el derecho de manifestación pacífica, el cese de los abusos policiales, la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente, el enjuiciamiento de los responsables de los abusos policiales y la reparación de las víctimas”.</strong> Asimismo, pide que se promueva “un diálogo lo más amplio posible entre los principales actores políticos y sociales del país, que posibilite la realización de una investigación exhaustiva, transparente e independiente de todos los presuntos abusos que se hayan podido cometer, a fin de depurar responsabilidades individualizadas que recaigan sobre aquellas personas que hayan cometido actos de fraude electoral o un uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones”. La moción insta también al Gobierno de Pedro Sánchez a “impulsar <strong>una hoja de ruta dirigida a alcanzar la desescalada del conflicto, que culmine en un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales </strong>e independientes que verifiquen la limpieza del proceso y aseguren que sea el pueblo bielorruso quien decida libremente su futuro, sin injerencias externas basadas en intereses geopolíticos selectivos”. Aparte, y a propuesta de Ciudadanos, la Comisión apoyó la concesión del premio Sajarov de Derechos Humanos 2020 a la oposición bielorrusa. Como ya es habitual, los asuntos internos españoles condicionaron el debate sobre la moción. El <strong>portavoz de Bildu, Jon Iñarritu</strong>, aseguró que “lo que se ve en Minsk lo vimos hace tres años en las calles de Barcelona” y <strong>la portavoz de Junts, Mariona Illamola</strong>, afirmó que la situación descrita en el texto es aplicable a Cataluña. Poco antes, <strong>el portavoz de Asuntos Exteriores del PSOE y ponente de la PNL, Héctor Gómez</strong>, aseguró que España, como “país ejemplar”, no puede tolerar situaciones como la de Bielorrusia. Por su parte, <strong>el portavoz de Unidas Podemos, Antón Gómez Reino</strong>, se mostró “muy preocupado” por los derechos humanos en Bielorrusia pero reclamó que la UE aprenda de sus propios “errores” del pasado, en referencia a Ucrania, y lleve a cabo una política exterior independiente de Estados Unidos y que respete la soberanía bielorrusa. Curiosamente, la Comisión de Asuntos Exteriores autorizó en la misma sesión de ayer la ratificación del <strong>convenio de doble imposición con Bielorrusia</strong>, firmado en 2017 y que debería sustituir al anterior convenio de 1985 entre España y la Unión Soviética.
